Los vecinos denuncian ataques desde los techos y falta de respuestas oficiales. El Gobierno asegura que trabaja en mejoras y acompañamiento.
Los vecinos reclaman respuestas antes de que las situaciones pasen a mayores.
La convivencia entre vecinos del barrio La Sirena y un hogar de menores ubicado en la calle Espejo atraviesa un momento de fuerte tensión, marcado por denuncias de daños, situaciones de riesgo y reclamos por una intervención estatal más efectiva. Mientras residentes aseguran que viven episodios de violencia casi a diario, desde el Gobierno provincial sostienen que se trata de infancias en contextos complejos y que ya se implementan medidas para abordar la problemática.
El conflicto se visibilizó con mayor fuerza en los últimos días, luego de que vecinos denunciaran nuevos destrozos en viviendas linderas al hogar. Según relataron, personal policial debió intervenir tras constatar daños en una propiedad: rotura de tejas, destrucción de un tanque de agua y manipulación de cables eléctricos vinculados a una bomba elevadora.
Además, señalaron que, pese a haber intentado comunicarse con autoridades provinciales, no obtuvieron respuestas concretas. Mencionaron llamados a la responsable del área, Jorgelina Novoa, al director del hogar Luis Romero, al subsecretario de Gobierno Jordi Grandi y a la defensora Vanina Merlo, quienes —según los testimonios— no se presentaron en el lugar, a pesar de que se esperaba su arribo tras los incidentes.
Frente a este escenario, los vecinos decidieron avanzar con asesoramiento legal para impulsar denuncias penales por los daños sufridos y anunciaron una medida de protesta: el corte de la calle Luis Beltrán, previsto para visibilizar la problemática y exigir soluciones inmediatas.
“Vivimos encerrados”: el testimonio de una vecina
Alejandra, una de las vecinas cuya vivienda limita directamente con el hogar, describió una situación que —según indicó— se arrastra desde octubre o noviembre del año pasado y fue escalando con el tiempo.
“Al principio eran episodios aislados, como travesuras. Pero ahora es constante. Los chicos se suben a los techos, arrojan piedras, ladrillos, ruedas de bicicleta. Vivimos encerrados”, relató en diálogo con LU5.
La mujer explicó que los episodios ocurren incluso durante la madrugada y que involucran a niños de distintas edades, algunos de apenas 8 o 9 años. “En verano, a las 3 de la mañana había menores arriba del techo. Si salís al patio, empiezan los insultos y las agresiones”, afirmó.
También describió cómo esta situación impacta en la vida cotidiana: “No podemos usar el patio, no podemos cortar el pasto tranquilos. Yo dejé de podar los árboles porque me amortiguan las piedras que tiran. Es así de grave”.
A esto se suma el desgaste emocional que implica vivir en estas condiciones. “Vivís en alerta permanente, escuchando ruidos en el techo, sin saber qué puede pasar. Es una angustia constante”, agregó.
Riesgos para todos: vecinos y niños
Uno de los puntos que más preocupa a los vecinos es el riesgo físico que corren los propios menores. Según detallaron, los chicos acceden a los techos trepando por estructuras peligrosas, como caños vinculados a instalaciones eléctricas.
“Se suben por el medidor de luz. Es un peligro de electrocución. También rompen tejas y eso los expone a caídas”, explicó Alejandra.
La vecina también planteó escenarios potencialmente graves: “Si un chico cae a mi patio y yo no estoy, tengo perros. ¿Quién se hace responsable? Esto puede terminar en una tragedia”.
Otros vecinos reforzaron esta preocupación al señalar que los menores también arrojan objetos contundentes, como fierros o postes, lo que incrementa el riesgo de lesiones graves tanto para quienes viven en las viviendas linderas como para los propios niños.
Falta de personal y límites
Otro de los puntos señalados por los vecinos es la escasa cantidad de personal en el hogar. Según indicaron, "hay entre dos y tres cuidadores por turno", una cifra que consideran insuficiente para la cantidad de menores que estiman entre 20 y 30.
“Los cuidadores les piden que bajen, pero no pueden hacer mucho más. Nos dicen que no pueden tocarlos porque son menores judicializados”, explicó.
En ese contexto, describió escenas de tensión reiteradas, incluso con intervención policial. “Han apedreado patrulleros. La policía viene, deja constancia y se va. Tampoco pueden hacer nada”, sostuvo.
Esta situación, aseguran, genera una sensación de desprotección tanto para los vecinos como para los propios trabajadores del hogar, que también quedan expuestos a episodios de violencia sin herramientas suficientes para intervenir.
Un problema social que excede la convivencia
Pese al enojo y el desgaste, varios vecinos coinciden en que el conflicto no debe leerse únicamente como un problema de seguridad, sino como una situación social más profunda.
“No es contra los chicos. Ellos son los principales vulnerados. Vienen de contextos muy difíciles. Pero alguien tiene que hacerse cargo”, señaló Alejandra.
En ese sentido, insistió en la necesidad de una intervención estatal más activa y sostenida: “No alcanza con decir que están trabajando. Necesitamos ver resultados concretos”.
También cuestionaron la falta de comunicación fluida con las autoridades y la ausencia de informes claros sobre las medidas implementadas hasta el momento.
La postura oficial: contexto, intervención y tiempo
Desde la subsecretaría de Niñez y Adolescencia, la funcionaria Claudia Mesplaterre reconoció el malestar de los vecinos, aunque pidió contextualizar las conductas de los menores.
“Son infancias que atraviesan historias muy complejas. Estos comportamientos forman parte de procesos que requieren acompañamiento y no se resuelven de forma inmediata”, explicó en LU5.
Detalló que actualmente hay 13 niños en el hogar y que cada caso es abordado de manera individual con equipos interdisciplinarios, integrados por trabajadores sociales, psicólogos y personal especializado.
Además, destacó la importancia del trabajo con la comunidad para generar instancias de comprensión y acompañamiento. “Se han realizado reuniones con vecinos para sensibilizar sobre estas situaciones”, indicó.
Obras, restricciones y traslado
Mesplaterre indicó que, en paralelo al abordaje social, se están realizando mejoras edilicias para impedir el acceso a los techos. “Se están restringiendo los puntos de acceso y reorganizando los espacios. Es un trabajo progresivo porque implica intervenir con obras mientras los chicos continúan viviendo allí”, señaló.
También confirmó que existe un plan para trasladar temporalmente a los menores y realizar una intervención más profunda en el edificio, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad.
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