Presupuesto nacional 2026: Educación ajustada, con impacto en provincias y universidades

El Gobierno de Javier Milei volvió a dar una señal desfavorable para la educación pública de cara a 2026 y, pese a haber recibido un fuerte respaldo en las urnas hace una semana, no se descarta que el año entrante sea menos conflictivo que el actual, especialmente con las provincias y las universidades nacionales. El ajuste en el sector, al parecer, seguirá gozando de buena salud.

La semana pasada fue el turno de los funcionarios de la Secretaría de Educación de explicar los alcances del Presupuesto para el año que viene en esta área en la Cámara de Diputados. El titular de la cartera, Carlos Torrendell, dijo en su exposición ante la comisión de Presupuesto y Hacienda, que el año próximo habrá un aumento en las partidas del 17,6% que, “con la inflación proyectada del 10%, muestra un incremento de casi 7 puntos”.

Sin embargo, un informe de la Fundación Argentinos por la Educación, remarca que, en efecto, de acuerdo con lo previsto en el proyecto de Presupuesto 2026, la función Educación y Cultura recibirá más recursos que en 2025, “pero su participación en el PIB sigue por debajo del 1%”.

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Fundación Argentinos por la Educación

El informe destaca que “la inversión nacional en educación pasó de un máximo de 1,59% del PIB en 2015 a una reducción sostenida en los años siguientes: fue de 0,86% en 2024, y las estimaciones para 2025 (0,73%) y 2026 (0,75%) confirman la tendencia descendente”.

El documento, titulado “Presupuesto educativo nacional 2026”, elaborado por los especialistas Javier Curcio (FCE/UBA, IIEP - UBA CONICET), María Sol Alzú y Martín Nistal, recuerda que el proyecto oficial prevé derogar el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que desde 2006 exige destinar al menos el 6% del PIB a educación (sumando los aportes de Nación y provincias). Esa meta se cumplió sólo en el año 2015”.

La investigación de los expertos se ocupa también de poner la lupa en las provincias. Al respecto, sostiene: “La inversión nacional representa alrededor del 25% del presupuesto educativo público; el restante 75% corresponde a las provincias. A partir del análisis de la evolución de los salarios docentes que pagan las provincias, se estima que también su inversión ha bajado drásticamente en los últimos dos años. Esta estimación no puede confirmarse debido a la ausencia de datos públicos, pero indicaría que la baja no es sólo propiciada por el gobierno nacional sino también por los provinciales”.

Es preciso remarcar que, en la ponderación general, Neuquén abona salarios docentes más altos que otras jurisdicciones.

Universidades, en foco

Junto a Torrendell, concurrió a la comparecencia en Diputados, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien no dio buenas noticias respecto de la suspensión unilateral de la recientemente ratificada Ley de Financiamiento Universitario. “Nosotros no íbamos a incurrir en un acto de ilegalidad al financiar una ley que no tuviera perfectamente claro cuál era su fuente de financiamiento”, sostuvo.

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Álvarez, además, aprovechó para polemizar con el titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a los rectores de las casas de estudios públicas del país, Oscar Alpa, por el impacto de la crisis en el sector docente. “El presidente del CIN –dijo el funcionario- estaba preocupado por la renuncia de profesores, pero les voy a contar que el sistema tiene 298.000 docentes, cuando comenzamos la gestión había 296.000 y el índice de rotación es del 2,3%. Por lo tanto, no hay éxodo de docentes en una crisis total”, manifestó.

La realidad, no obstante parecen contradecir a Álvarez, incluso en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).

La ratificación de la negativa a aplicar la Ley de Financiamiento deja abierto un conflicto con las universidades, a la espera de la respuesta de la Justicia Federal, donde los rectores llevaron la denuncia para su inmediata puesta en marcha.