La coyuntura obliga. Esto es una verdad absoluta que muestra cómo los funcionarios (políticos, judiciales y policiales) cada vez que surge un caso que irrumpe en la escena pública usan sus pálidos reflejos para dar una respuesta que antes habían obviado.
En esta semana dos mujeres, ambas de nombre Belén, podrían haber pasado a integrar la población permanente de un cementerio, las esquelas de los diarios y las tristes estadísticas de los femicidios.
El domingo publicamos en LMN la historia de Belén, una madre a la que su ex, un violento chofer de colectivos, había maltratado durante años. En uno de los episodios le fracturó la nariz en tres y por eso le dieron una condena de dos años en suspenso, es decir, no fue preso. Le impusieron restricciones de acercamiento y de contacto, pero incumplió con todo y hasta le puso fecha de muerte a la joven para esta semana.
Bastó que la historia se convirtiera en nota para que la fiscalía se comunicara durante la mañana del domingo con Belén para darle una respuesta. Ahora, cuando estaba sentenciada a muerte por el ex y la amenaza había trascendido públicamente, su caso pasaba a tener interés.
Una situación similar sufrió ayer la otra Belén. Amigos de su ex la interceptaron cuando iba en su auto y terminaron golpeándola y arrojándola al río Limay en la zona de calle Linares al fondo.
El caso motivó que tanto la Policía como la fiscalía agilicen las respuestas para estas mujeres que por suerte siguen vivas.
Las preguntas fluyen: ¿cuántas veces tienen que denunciar que el ex violó las restricciones?, ¿cuántas veces tienen que pedir custodia?, ¿cuántas veces hay que esperar que sean noticia para garantizarles la vida?
Mujeres en situaciones críticas son escuchadas por el Estado cuando sus vidas se convierten en noticia.