Sombra del Consejo de Mayo: los preparativos para la guerra relámpago que prepara el Gobierno en el Congreso
Con el recambio legislativo a horas de concretarse, el Gobierno acelera su estrategia para aprobar el Presupuesto y avanzar con reformas clave.
Apenas se concrete la renovación de las dos cámaras del Congreso, se acelerarán los tiempos para el oficialismo. Una parte de la ofensiva parlamentaria que diseña la Casa Rosada estará concentrada en diciembre, hasta los últimos días y horas del año. El presidente Javier Milei quiere contar con un presupuesto sancionado antes de que termine 2025.
Lleva dos años gobernando con el último aprobado. Fue para el cuarto año de mandato de Alberto Fernández y por esa razón, la letra de esa norma depende, desde hace dos años, de la discrecionalidad del Ejecutivo sobre números licuados por la devaluación acumulada desde 2022.
La inédita demora para contar con un presupuesto sancionado es la tensión de fondo con los gobernadores de todas las orientaciones políticas. Por eso, la posibilidad de cerrar diciembre con un plan de cuentas nacionales, negociado y aprobado por el Poder Legislativo, es el primero de los objetivos que Milei quiere para el período de extraordinarias.
Dentro de los próximos 15 días el oficialismo buscará ordenar las narrativas vinculadas a la relación con las provincias. Han sido dos años de tironeos de fondos que pusieron en crisis al Consejo de Mayo que el presidente lanzó en la noche del 9 de julio de 2024. La idea era que cada sector eligiera a un representante, pero ante la ausencia de consensos, el Ejecutivo los nombró por decreto.
En nombre de los gobernadores está el mendocino Alfredo Cornejo y como representante de los sindicatos, el líder de la UOCRA Gerardo Martínez. La mesa se completa con el titular de la cartera de Desregulación, Federico Sturzenegger, en nombre del Ejecutivo; el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por el sector empresario, y los representantes de las dos cámaras del Congreso: Cristian Ritondo, del PRO, por Diputados, y Carolina Losada, de la UCR, por el Senado.
El trabajo del Consejo de Mayo
El Consejo de Mayo está por terminar su tarea y los resultados serán utilizados por el Ejecutivo para jugarlos en el Congreso. El objetivo es que el inicio de los debates que se vienen tengan un marco de legitimidad previa que le permita al Gobierno, además, evitar que toda la puesta en escena del postergado Pacto de Mayo y su posterior Consejo queden en la ciénaga de las promesas incumplidas.
La fecha límite para presentar el documento final es el 15 de diciembre. Por ahora solo circulan borradores con muy pocas chances de que incluyan dos puntos establecidos en el pacto: la reforma previsional y un nuevo esquema de coparticipación federal.
La narrativa del Gobierno asegura que el proyecto de reforma laboral proviene de esa mesa, pero en la mayoría de las reuniones del Consejo hubo más desacuerdos que coincidencias y, por lo tanto, se avecina la irrupción de, al menos, dos proyectos de reforma: uno impulsado por el Ejecutivo, en nombre del Consejo de Mayo, y otro presentado por la CGT.
El Gobierno presentará su texto el 9 de diciembre, para marcar la cancha de las extraordinarias que convocaría desde el 10 al 31 de diciembre, donde el foco estará concentrado en el presupuesto.
La táctica del oficialismo es una reforma laboral en etapas que le permita al Ejecutivo conseguir una victoria parlamentaria durante el período que se avecina. Sería el paso siguiente a la sanción del Presupuesto 2026. A diferencia de los cambios en la legislación laboral, que ingresará por el Senado, el cronograma en Diputados apunta a retomar el dictamen de la Comisión de Presupuesto que había quedado hace dos semanas, incluir cambios y conseguir un nuevo dictamen a partir del 11 de diciembre, con una posible sesión prevista para el 16. Luego pasaría al Senado, con un margen de maniobra que apunta al 28 o 30 de diciembre con una sanción final.
Poroto por poroto
El debate de los fondos y su correlato en un presupuesto sancionado será el primer examen para la nueva composición de la Cámara Baja.
Los libertarios cierran la semana con dos bancas más y siguen acortando el camino para quedarse con la primera minoría. La bullrichista Verónica Razzini y el macrista Alejandro Bongiovanni dejaron el bloque del PRO y se sumaron al espacio de La Libertad Avanza. La primera minoría sigue siendo un capital político de Unión por la Patria, que tendrá 98 bancas a partir del 10 de diciembre, pero ahora solo cinco por encima de las 93 de LLA.
Con esa polarización tan ajustada los espacios que queden en el medio serán determinantes. Un caso es el bloque Innovación Federal, que integra a salteños, misioneros y rionegrinos. Este viernes el gobernador salteño organizó una reunión en la casa de la provincia en la Ciudad de Buenos Aires. Participaron el tucumano Osvaldo Jaldo (PJ), el neuquino Rolando Figueroa(La Neuquinidad), el misionero Hugo Passalacqua (Frente Renovador de la Concordia), el catamarqueño Raúl Jalil (PJ) y el santigueño Gerardo Zamora, que se está despegando del peronismo.
En la actualidad, Innovación Federal tiene siete bancas, pero puede llegar a 18 con la posibilidad de crecer a partir de algunas escisiones del PJ y también de LLA. Buscan sumar cuatro catamarqueños, tres tucumanos y la banca de Neuquén. A ese esquema podrían sumar a los dos integrantes del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), que dejaron el bloque de LLA hace un año. En ese caso alcanzarían los 17, pero también apuntan a las cuatro bancas del bloque Coherencia, compuesto por cuatro ex LLA.
El otro polo está en el futuro del bloque Provincias Unidas, que podría incluir radicales y también a parte de los integrantes de Encuentro Federal, pero con la posibilidad de que Miguel Pichetto y Nicolás Massot no integren la nueva formación.
Con las aritméticas legislativas en pleno rediseño, el Gobierno busca sumar poroto por poroto para el período de extraordinarias que se avecina. Por ahora son solo números, falta conocer la letra chica de los proyectos oficiales que siguen sin ser presentados. Desde la reforma laboral, la impositiva, al Código Penal y a la Ley de Glaciares.
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