Piden la liberación de un líder de la UOCRA de Santa Cruz acusado de dejar en coma a golpes a un contratista

La defensa del secretario general de la UOCRA de Puerto Deseado, Franco Moreyra, presentó un recurso de apelación contra el procesamiento dictado al sindicalista de Santa Cruz y a otro integrante del gremio, Fabián Hernández, acusados de haber sido partícipes fundamentales de una golpiza que dejó en coma a un contratista de la construcción.

Los abogados de Moreyra y Hernández pidieron que se revocara la prisión preventiva y se reevaluara la calificación de “tentativa de homicidio agravado” impuesta tras el ataque a Fabio Dante Cattani, ocurrido el 11 de agosto en Puerto Deseado.

Los defensores Alberto Luciani y Fabricio Carbone Miele acusaron al juez Gabriel Contreras de haber “fundado la resolución en conjeturas sin sustento probatorio” y negaron que Moreyra hubiera participado de la agresión, afirmando que, por el contrario, había intentado frenarla.

Santa Cruz: una herida "preexistente"

El escrito presentado ante la Justicia sostiene que el líder sindical “no instigó ni participó en los hechos”, sino que “acudió al lugar para mediar en un conflicto gremial que se desbordó”. Además, plantea que la lesión en el bazo que puso en riesgo la vida del contratista “no fue acreditada como consecuencia directa de los golpes”, según informa el medio local La Opinión Austral.

Fabio Cattani, agredido por una patota de la UOCRA en Santa Cruz

“El informe médico no establece relación causal entre el traumatismo y la lesión”, indica el recurso, que además acusa al magistrado de haber “magnificado la gravedad del cuadro clínico” para justificar la prisión preventiva.

Luciani y Carbone Miele plantearon que esa herida “podría estar vinculada a una condición preexistente” y que “no se realizó la pericia médica necesaria para determinar su origen”, por lo cual el hecho debería encuadrarse como lesiones graves y no como tentativa de homicidio.

Las presuntas contradicciones de los testigos

La defensa de Moreyra también expuso lo que consideró “contradicciones sustanciales” entre los relatos de testigos que “difieren sustancialmente respecto de la presencia, el rol y las expresiones atribuidas a mi defendido”.

Detallan, en ese sentido, que algunos testimonios dicen que Moreyra llegó después del inicio de la pelea, otros, que “intentó separar” y algunos, que habría dado la orden de atacar. Para los abogados, esas diferencias “restan toda credibilidad a las versiones que lo incriminan”.

“El testigo (Rubén) Sepúlveda incurre en contradicciones manifiestas respecto de su posición y la secuencia de los hechos”, afirmaron los abogados de Moreyra. “Resulta físicamente imposible que haya escuchado las expresiones que dice atribuirle a mi defendido”, aseguraron.

Además, criticaron que el juez Contreras “desestimó testimonios exculpatorios” y “valoró selectivamente las pruebas”.

Una interna de la UOCRA

La defensa enmarca el hecho en un conflicto interno de la UOCRA y no en un ataque planificado: según este planteo, Cattani pretendía disputarle a Moreyra el control de la delegación sindical de Puerto Deseado.

“Mi defendido se hizo presente para mediar en un conflicto que se descontroló, jamás para propiciar violencia”, sostuvo el documento presentado ante el juez Carlos Borges, del Juzgado de Recursos de la ciudad santacruceña.

En base a estas objeciones, el escrito reclama que se revoque la prisión preventiva por considerarla “arbitraria y desproporcionada” y alega, además, que Moreyra “siempre estuvo a derecho, con domicilio conocido, sin riesgo de fuga ni de entorpecer la investigación”.