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La Mañana Puerto Madryn

Puerto Madryn: ya son cuatro las pacientes que denunciaron por abuso sexual a un médico

Afirman que el traumatólogo tocó “zonas ajenas al motivo de la consulta”. Si unifican la nueva causa con las anteriores, podría ir preso al menos 14 años.

En las últimas horas, se confirmó la apertura de una cuarta investigación judicial en contra de un médico traumatólogo de Puerto Madryn acusado de abuso sexual por tocar “zonas ajenas al motivo de la consulta” de sus pacientes mujeres, lo que agrava aún más su situación ante la justicia, que lo viene investigando desde hace varios meses.

Las acusaciones contra el médico identificado con la sigla J.F.T. se conocieron en Chubut en junio pasado, cuando la fiscalía de la Ciudad del Golfo inició la investigación del tercer caso contra el médico.

Sin embargo, en las últimas horas se confirmó la apertura de una cuarta causa, lo que complica drásticamente la situación judicial del profesional. Dos ya se encuentran en instancia de juicio oral. Y ahora la Justicia analiza la posibilidad de unificar todas las denuncias en un solo proceso, lo que elevaría considerablemente las consecuencias penales para el acusado.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn detallaron que, en caso de que eso suceda, la expectativa de pena ascendería a un mínimo de 14 años de prisión. Y esta circunstancia habilitaría además que el caso sea juzgado por el sistema de juicio por jurados, una modalidad reservada para delitos graves, en la que 12 ciudadanos de la provincia decidirían si es culpable o inocente.

Por el momento, el médico acusado permanece en libertad con medidas restrictivas de contacto con sus presuntas víctimas, mientras las causas siguen avanzando por separado; una por las dos primeras denuncias, otra por la tercera y ahora una nueva.

El caso que destapó el escándalo en Puerto Madryn

La denuncia que salió a la luz en junio reveló detalles sobre lo que sería una modalidad reiterada del presunto abusador.

Según detallaron las fiscales María Angélica Cárcano y Romina Carrizo, en ese tercer caso la víctima había acudido al consultorio traumatológico del Centro Médico San Jorge para ser atendida por una molestia.

Durante la consulta, indicaron en la oficina judicial, el traumatólogo habría incurrido en conductas de connotación sexual.

El profesional le habría solicitado a la denunciante que se quitara parte de su vestimenta, sin que mediara una justificación clínica para hacerlo.

Posteriormente, tocó zonas del cuerpo ajenas al motivo de la consulta, y habría mantenido contacto físico de carácter sexual sin consentimiento, de acuerdo con lo que consta en el escrito de apertura de investigación presentado por las fiscales.

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La víctima había asistido a una consulta por una molestia física cuando el médico le habría solicitado quitarse parte de su vestimenta sin justificación clínica.

Según consta en el expediente, el profesional habría mantenido contacto físico de carácter sexual sin consentimiento y tocado zonas corporales que no tenían relación con el motivo de la consulta médica.

Las fiscales Cárcano y Carrizo encabezaron la investigación que incluyó el allanamiento del domicilio del traumatólogo y el secuestro de historias clínicas en el centro médico donde se desempeñaba.

Con esas medidas, los investigadores buscaron preservar posibles pruebas digitales para la causa, para evitar que eventualmente fueran alteradas. El operativo incluyó el secuestro de computadoras, notebooks, pendrives, discos externos y el teléfono celular del traumatólogo.

Se dispuso que todos los dispositivos fueran sometidos a peritajes informáticos especializados para analizar fotografías u otros archivos que pudieran aportar información sensible para el proceso.

Mientras tanto, se siguen desarrollando otras medidas probatorias adicionales y se les brinda contención y acompañamiento a las presuntas víctimas.

Abuso sexual simple

El caso fue calificado provisoriamente como abuso sexual simple en contexto de violencia de género. La investigación se enmarca en la Ley Nacional 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Además, el proceso judicial se desarrolla bajo los lineamientos de tratados internacionales suscriptos por Argentina, incluyendo la Convención CEDAW y la Convención de Belém do Pará, instrumentos fundamentales para la protección de los derechos humanos de las mujeres.

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