El gobierno nacional, una vez más, experimentó el juego del ensayo y el error. Y eso parece haber ocurrido con el intento de imponer un impuesto interno al vino, considerado por ley la bebida nacional que une a los argentinos en cualquier mesa familiar y que convirtió la intención en una medida poco popular.
El reclamo al proyecto oficial por parte de las provincias bodegueras de excelencia como Mendoza y San Juan, al igual que La Rioja y Salta, o los nuevos paraísos para las vides como Neuquén y Córdoba, dieron por el suelo a las alícuotas del 10 por ciento que se iban a aplicar a los carbenet, malbec, pinot y chardonay, por nombrar sólo algunos varietales de los buenos vinos que se producen en el país y que han ido ganando el mercado internacional. También los champagnes iban a recibir un impuestazo del 17 por ciento cuando hoy, al igual que el vino, no sufren una recarga tributaria. La marcha atrás alcanzó a la cerveza, que seguirá tributando pero no el doble como pretendía la reforma.
Al decir del ministro de Economía mendocino, Martín Kerchner: “Si lo que estamos buscando es darle competitividad al país, ser exportadores, sostener una marca que nos sirva para el turismo y nos sirve para miles de cosas más, es contradictorio ponerle un impuesto al vino, pero no es que tenemos coronita, sino que nos parece un error”.
La industria del vino seguirá con ansias por ese camino de crecimiento, conquistando nuevos mercados que saboreen en su paladar el sabor argentino. Pero seguramente otro sector deberá equilibrar este paso atrás. ¿Será con la reforma tributaria, previsional o laboral -o el “consenso fiscal” con la provincias- que se terminará compensando?