Críticas al blanqueo de la prostitución

La Fundación Irene asegura que favorecerá a los proxenetas.

Neuquén.- El proyecto de ley que propone la regulación del trabajo sexual en la provincia, que durante la semana pasada se debatió en la Legislatura, sumó en las últimas horas nuevas críticas. Desde la Fundación Irene, una organización no gubernamental que trabaja con víctimas de explotación sexual y trata de personas, señalaron que blanquear la actividad de la prostitución “permitirá a los proxenetas encontrar un mercado legal para aquellas personas que regentean”.

Agregaron que el tratante de personas “encontrará un mercado legal para continuar comerciando a sus esclavas y someter a estas personas a ser explotadas sexualmente, pero entregando una factura C”. “El proxeneta será entonces el empresario, y sus víctimas, empleadas. El traficante será entonces el mercader que provee empleadas a los empresarios”, argumentaron.

De esta manera, la Fundación Irene salió a cuestionar el proyecto que impulsa la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), cuyas integrantes se reunieron la semana pasada con los diputados que integran la Comisión de Trabajo de la Legislatura.

Georgina Orellano, presidenta nacional de AMMAR, destacó que confía en conseguir una ley provincial para darles más derechos sociales a las trabajadoras sexuales.

Las integrantes de la Fundación Irene afirmaron que si se considera a la prostitución como “una actividad legal en la que el Estado interviene, convertimos al Estado en el proxeneta”.

“Lejos de ser ‘el oficio más viejo del mundo’, es la violencia hacia las mujeres, trans y demás cuerpos feminizados, incluidos niños y niñas, más antigua del planeta”. Comunicado de la Subsecretaría de la Mujer

Delito

Además, aclararon que Argentina se encuentra adherida al protocolo de Palermo, “el cual considera a la trata de personas un delito, entendiendo que la trata de personas es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación”.

Para la Fundación Irene, el debate debería enfocarse en el rol del Estado en cuanto a la asistencia de personas en situación de prostitución, brindarles herramientas laborales o educativas, crear mecanismos para satisfacer sus necesidades de vivienda, entre otras. “Del mismo modo, en desalentar el consumo de prostitución mediante fuertes campañas de concientización a la sociedad”, subrayaron.

Anticipan un dislate legislativo

La Subsecretaría de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Ciudadanía, también expresó su postura respecto del proyecto de legalizar el trabajo sexual en la provincia.

Señalaron que es un “dislate” pretender que una ley provincial “modifique o altere el sistema de la supremacía de las leyes. En definitiva, una ley provincial que se contrapone con la Constitución Nacional es inconstitucional y no puede aplicarse. Ello ocurriría si se sanciona la reglamentación de la prostitución como trabajo”.

Afirmaron que la prostitución de ningún modo “puede ser un trabajo, porque es un negocio y la mercancía que se compra y se vende son los cuerpos y las vidas de las personas prostituidas”.

Por último, expresaron que la Subsecretaría de las Mujeres tiene por objetivo “promover y garantizar los derechos de las mujeres; por ello visibilizamos la desigualdad de género, poniendo especial énfasis en lo que representa el sistema prostituyente legitimado socialmente como ‘un mal necesario’, lo que configura la expresión más brutal del patriarcado y el sistema capitalista”.

Fuente:

¿Qué te pareció esta noticia?

Noticias Relacionadas

Deja tu comentario

Lo Más Leído