Enérgico repudio gremial al protocolo de seguridad

ATE y ATEN señalan que buscan reprimir las protestas contra el ajuste.

NEUQUÉN
El protocolo de actuación en las manifestaciones públicas lanzado por el gobierno nacional y al que todavía no adhirió la provincia, fue rechazada de plano ayer por los gremios estatales neuquinos.
Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE, advirtió que "se quiere avanzar sobre esto para garantizar que no se reclame sobre las políticas de ajuste que en este tiempo llevaron a dos millones de personas a la pobreza, y porque son conscientes de que va a haber una situación de conflictividad".
El sindicalista dijo que espera que Neuquén no adhiera a este protocolo. Indicó que se trata de una acción "totalmente dictatorial, represiva, y lo que se debería garantizar es que los funcionarios cumplan las demandas de los trabajadores, que es a lo que lleva la protesta". Destacó, además, que el protocolo aduce el derecho constitucional a la libre circulación, pero se olvida del mismo derecho a reclamar. "Lo que quieren es reprimir cualquier intento de peticionar. Como decía Eva Perón, donde hay una necesidad hay un derecho, y la gente va a estar reclamado el pan para sus hijos y no fijándose cómo se reglamenta la protesta social", aseguró Quintriqueo.
"Repudiamos la decisión del gobierno nacional y de las provincias que adhieren a un protocolo que lo hacen porque saben que el ajuste va a originar la protesta social", señaló, por su parte, Marcelo Guagliardo, titular de ATEN. "En lugar de atender las necesidades, están viendo cómo van a reprimir, es un retroceso en la democracia argentina. Nosotros ya habíamos advertido sobre la presencia de (Eugenio) Burzaco, conocido en Neuquén por el plan integral de seguridad de Sobisch, que tuvo su pico máximo de represión con la muerte de Carlos Fuentealba y todo esto no podía tener otro final", apuntó.
Actuación
El protocolo que ideó el Ministerio de Seguridad de Nación implica que ante un piquete se establecerá un espacio de negociación para que cese el corte y se dará aviso a la Justicia.
Resuelta la negociación, el jefe del Operativo de Seguridad impartirá la orden a través de altoparlantes, megáfonos o a viva voz que los manifestantes deben desistir de cortar las vías de circulación de tránsito, deberán retirarse y ubicarse en una zona que garantice siempre la libre circulación. Se advertirá que ante el incumplimiento, se encontrarán incursos en el artículo 194 del Código Penal y, en su caso, en las contravenciones previstas en cada jurisdicción.
Si los manifestantes no cumplieren con la orden recibida, se les solicitará que depongan el corte bajo apercibimiento de proceder conforme lo establecido para los casos de los delitos cometidos en flagrancia, según lo dispuesto en los códigos de procedimiento penal de cada jurisdicción, y se procederá a intervenir y disolver la manifestación.

Pechi, enojado con la Provincia, pretende adherir a la normativa de forma directa

Sin propuestas de parte del Tribunal, la mesa de negociación salarial con el Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (Sejun) pasó a un segundo cuarto intermedio y los trabajadores tendrán que aguardar hasta el 25 para conocer una oferta de aumento salarial y desde el gremio invitaron a adherir al paro nacional del próximo miércoles.
"Tuvimos la segunda reunión y nos dijeron que no estaban en condiciones de hacernos una propuesta, así que pasamos a otro cuarto intermedio", señaló Claudio Salazar, secretario general de Sejun, quien aclaró que desde el gremio pidieron que la oferta se haga pronto, ya que luego las instancias legislativas retrasan la concreción de los aumentos.
Durante el encuentro, el gremio planteó también el pedido de que se devuelvan los días descontados por los paros del año pasado, tema que aún no se resolvió por vía administrativa como había prometido el Tribunal. El sindicato convocó a una asamblea por zonas para el martes.

Una resolución que abrió la polémica
Dentro del protocolo no se específica de qué manera se disolverá una protesta que involucre un corte si los manifestantes no acatan la orden de dejar de lado el piquete como método de reclamo.
El protocolo dice que "el uso de la fuerza debe limitarse siempre al mínimo posible, como respuesta para superar ordenadamente la resistencia de quienes cometan delitos de acción pública y ante situaciones de legítima defensa".
Se indica que las fuerzas de seguridad federales y provinciales "dictarán protocolos específicos operativos sobre el personal y el uso mínimo y racional de la fuerza y el uso de armas no letales".
También que el uso de la fuerza debe respetar los principios de "legalidad, oportunidad" y que debe ser "el último recurso" frente a una resistencia o amenaza de los manifestantes.

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