Estado inválido

El cartucho de gas lacrimógeno que mató a Carlos Fuentealba hace ocho años rozó algún nervio sensible del Estado, en especial en la zona del Alto Valle. Desde entonces, ni la Justicia ni la política encuentran caminos razonables para encausar las protestas en la vía pública. De arranque vale la pena dejar claro que la sociedad no debería aceptar nunca más un balazo como respuesta. Y tampoco la criminalización de cualquier expresión de descontento.
No hay mayor simplificación de un debate que el que tiende a los blancos y negros, sin matices. No es por derecha ni por izquierda… Las soluciones al histórico choque de intereses que genera la traducción en piquete del disgusto propio de toda queja, requieren tolerancia y capacidad negociadora. Pero aquí no hay nada, o en realidad sí: mirada desentendida y silbido bajito hasta que pase la tormenta.
La escena se repite una y otra vez hasta el hartazgo… Primero son los docentes, después los chacareros y ayer los militantes del Frente Darío Santillán, a 13 años de la masacre de Avellaneda. También, los empleados tercerizados de los hospitales de la provincia y hasta la comunidad educativa de un jardín de Añelo. Todos con sus reclamos legítimos sobre la mesa... O, en verdad, sobre la ruta. El problema de siempre es quién paga el pato. Y en eso tampoco hay duda: lo paga usted, que cruza el puente caminando o que debe esperar -en otros sitios- para seguir adelante con su vida.  
Sin caer en la dialéctica de la colisión de derechos, vale la pena ir directo al grano. Así como nadie imagina que el Estado puede dar respuesta favorable a todas las peticiones o andar a los tiros, tampoco es razonable que la respuesta sea no hacer nada porque nada tiene menos costo político que algo, quizá equivocado. Debe haber infinidad de alternativas entre el garrotazo y la inacción. Las autoridades parecen obviar la idea de que mirar para otro lado también tiene costo político. La diferencia es que la furia va por adentro, silenciosa. Pero esa procesión un día explota. El hartazgo acumulado de una sociedad ante la quietud de jueces, fiscales, intendentes, gobernadores y legisladores es la muestra más contundente de un Estado inválido, que elige la no respuesta como su única respuesta.