La intendencia de Nuñez sostiene que los contratos con Neuraltech y Fluxa estuvieron vigentes todo 2024, pese a que la gestión anterior los había rescindido.
Los radares están suspendidos en Neuquén, pero sólo en rutas provinciales.
La Municipalidad de San Patricio del Chañar salió a defenderse por el tema de los radares. El intendente Gonzalo Nuñez presentó ante el Tribunal de Cuentas de Neuquén el descargo formal por la observación de 268 millones de pesos que el organismo de control había formulado sobre los pagos realizados durante 2024 a las empresas Neuraltech SA y Fluxa SA, que operan el sistema de cámaras de seguridad y control de infracciones de tránsito de la ciudad.
La posición del municipio es que la rescisión de esos contratos que dispuso la gestión anterior nunca fue jurídicamente válida, los contratos continuaron vigentes y los pagos tienen respaldo legal. Hay una fuerte presión porque durante más de diez meses de 2024 se labraron multas y muchos dicen que no son válidas.
Para entender el descargo, hay que retroceder a noviembre de 2023. El entonces intendente Leandro Bertoya, en sus últimas semanas de gestión, envió una carta documento a ambas empresas comunicando la rescisión de los contratos de locación de servicios.
Radares en El Chañar: qué pasa con los contratos y los pagos
Los motivos invocados incluían presuntos incumplimientos de las firmas, como datos dominiales no fidedignos, falta de registro de la totalidad de las infracciones y problemas con las notificaciones de actas. Bertoya dejó el cargo el 10 de diciembre, cuando asumió Nuñez.
Las empresas no aceptaron la rescisión. El 28 de diciembre de 2023, con Nuñez ya en funciones, tanto Neuraltech como Fluxa presentaron recursos de reconsideración ante la nueva intendencia.
El argumento de ambas firmas fue el mismo, y es que la carta documento del exintendente no cumplía con los requisitos que los propios contratos exigían para habilitar una rescisión, ya que no estuvo precedida por una intimación fehaciente previa con plazo de subsanación.
Neuraltech fue un poco más allá y acusó directamente al municipio de haber incumplido su parte del contrato al cobrar infracciones por fuera del sistema tripartito acordado entre el municipio, la empresa y la plataforma E-Pagos, lo que calificó como altamente improcedente y perjudicial para su negocio.
La Dirección Legal y Técnica del municipio estudió los recursos y coincidió con las empresas. El dictamen concluyó que la rescisión de adolecía de un vicio de procedimiento y no había operado jurídicamente. El 8 de enero de 2024, Nuñez firmó los decretos municipales N° 051 y N° 052, uno por cada empresa, haciendo lugar a los recursos y declarando la plena vigencia de los contratos originales.
El decreto 051 confirmó el contrato con Fluxa SA hasta el 3 de marzo de 2024. El decreto 052 hizo lo propio con Neuraltech SA hasta el 17 de marzo de 2025. Ambos fueron suscriptos también por el secretario de Gobierno, Matías González.
Con esos decretos en mano, el municipio retomó los pagos. El Tribunal de Cuentas registró a lo largo de 2024 diez pagos mensuales a Neuraltech SA por servicio de cámaras de seguridad, desde febrero hasta diciembre, por un total de 253.069.883 pesos.
Sumados otros pagos con documentación insuficiente a distintos proveedores —entre ellos Irradia SRL por servicios publicitarios, una empresa de limpieza urbana y proveedores de insumos— el presunto perjuicio fiscal identificado por la auditoría asciende a 268.167.547 pesos.
El Tribunal de Cuentas había formulado la observación en su informe el pasado 14 de noviembre de 2025, firmado por la auditora fiscal María Eugenia Arranz.
Qué dijo el Tribunal de Cuentas sobre el respaldo de los pagos
El organismo señaló que no encontró en la rendición de cuentas documentación respaldatoria de un nuevo proceso de contratación conforme a los artículos 16, 28 y 48 de la Ley provincial 2.141. En otras palabras, indicó que el Tribunal vio la rescisión de 2023 pero no encontró los decretos que la dejaron sin efecto, y exigió que el municipio justifique cada peso pagado.
El descargo de mayo de 2026 , según la Municipalidad, responde exactamente a eso. El municipio sostiene que no era necesario un nuevo proceso licitatorio porque los contratos originales nunca dejaron de estar vigentes, y adjunta copias de los decretos y los recursos de reconsideración como prueba.
El Tribunal de Cuentas tiene ahora esa documentación y deberá resolver si el argumento es suficiente para levantar la observación.
Temas a analizar y con dudas: la intervención del Concejo Deliberante
Pero el caso tiene aristas que el descargo no cierra. La primera es institucional y es que los decretos de enero de 2024 fueron dictados por el Ejecutivo municipal de forma unilateral, sin intervención del Concejo Deliberante, que es el órgano que había aprobado los contratos originales mediante ordenanza.
También que el intendente entrante resuelva en sus primeras semanas de gestión, con dictamen de su propio equipo legal y a favor de las empresas proveedoras, una disputa contractual de esa magnitud, sin ningún tipo de control legislativo, es un dato que el Tribunal podría tomar nota.
La segunda punta del conflicto tiene que ver con el tiempo. El contrato con Fluxa SA vencía el 3 de marzo de 2024. Si el municipio continuó vinculado con esa empresa después de esa fecha —y los indicios apuntan a que sí, dado que Fluxa sigue operando el sistema de cobro electrónico E-Pagos—, ese tramo posterior al vencimiento necesitaría un nuevo instrumento contractual que los documentos disponibles no muestran.
El tercer punto también es llamativo. En mayo de 2026, las mismas empresas que el municipio defendió ante el Tribunal de Cuentas volvieron a presentarse ante la intendencia, pero esta vez para denunciar que el Juzgado de Faltas Municipal no funciona.
Tanto Neuraltech como Fluxa, en notas presentadas el 28 de mayo, describieron un organismo paralizado con un grave retraso en la resolución de causas, ausencia total de transparencia sobre los expedientes en trámite, falta de información sobre las multas cobradas y sus destinos. También la incertidumbre sobre si el sistema E-Pagos se está utilizando o si el juzgado cobra por otros medios al margen del circuito acordado.
El intendente Nuñez recibió los reclamos y los elevó al Concejo Deliberante mediante las notas 104 y 106 del 29 de mayo.
El tema es que las empresas que cobraron 268 millones de pesos durante 2024 bajo contratos que el municipio defendió como plenamente vigentes, ahora denuncian que el sistema que esos contratos sustentan no está funcionando.
Y lo hacen ante el mismo intendente que los salvó de la rescisión, pidiéndole que convoque al Concejo Deliberante, el mismo cuerpo que nunca intervino en los decretos que reactivaron los vínculos contractuales.
El Tribunal de Cuentas tiene la última palabra sobre los 268 millones. El sistema de radares de El Chañar sigue funcionando.
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