Un informe oficial encendió las alarmas: hay más de 121 mil personas detenidas en el país, con provincias desbordadas. Es la tasa más alta del siglo XXI.
El sistema penitenciario de Argentina atraviesa uno de sus momentos más críticos. Lejos de estabilizarse, el encierro no para de crecer y ya alcanzó un récord histórico: al cierre de 2024 había 121.443 personas privadas de la libertad, lo que equivale a una tasa de 258 presos cada 100 mil habitantes, la más alta de los últimos 25 años.
El dato surge del informe La privación de la libertad en establecimientos penitenciarios en datos (2024), elaborado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), que expone con crudeza una realidad inquietante: las cárceles funcionan, en promedio, al 130,2% de su capacidad. En otras palabras, hay 130 personas alojadas donde solo hay lugar para 100.
Según el documento, el encarcelamiento en Argentina mantiene una tendencia ascendente desde hace un cuarto de siglo, con la única excepción de la pandemia en 2020. Pero 2024 marcó un salto aún mayor: la población carcelaria creció un 7,1%, por encima del promedio histórico anual del 6%.
Ese aumento se dio a pesar de que varias provincias ampliaron su capacidad penitenciaria en un 17,5%. La ecuación no cerró. La velocidad del encarcelamiento fue mayor que la de la construcción de plazas, y la sobrepoblación no solo no se redujo, sino que se consolidó como un problema estructural.
Además, buena parte de las nuevas unidades recibieron personas que estaban detenidas en comisarías, lo que generó un efecto paradojal: creció el número de presos, pero no bajó significativamente la cantidad de detenidos en el ámbito policial.
Provincias al límite
El informe detalla fuertes desigualdades entre jurisdicciones. Las provincias con niveles de sobrepoblación superiores al promedio nacional son Salta, San Juan, Buenos Aires, Tierra del Fuego, Mendoza y Santa Fe.
En cuanto a la tasa de encarcelamiento, cinco distritos superan ampliamente la media nacional. Córdoba encabeza el ranking, con casi 377 presos cada 100 mil habitantes, seguida por Mendoza (308), Buenos Aires (305), Santa Fe (286) y Salta (267).
En el otro extremo, solo cinco provincias lograron funcionar con niveles de ocupación inferiores al 90%: Catamarca, Tucumán, Chubut, Neuquén y Santiago del Estero.
Neuquén, el contraste frente al colapso nacional
En medio del récord histórico de encarcelamiento y la sobrepoblación que atraviesa a la mayoría de las provincias, Neuquén aparece como una excepción dentro del mapa penitenciario argentino.
Según el informe del CNPT, la provincia registra una tasa de 76,9 personas privadas de la libertad cada 100 mil habitantes, muy por debajo del promedio nacional, y además mostró una caída del 1,3% en la población carcelaria entre 2023 y 2024. A esto se suma un dato singular: el 99,6% de las personas detenidas tiene condena firme, con solo dos casos en condición de procesados, un escenario que contrasta de forma marcada con la realidad predominante en el resto del país.
Quiénes están presos
El perfil de la población carcelaria muestra patrones claros. El 95,4% son varones y se trata mayoritariamente de personas jóvenes: seis de cada diez tienen entre 21 y 39 años. Confirmando una idea extendida pero pocas veces cuantificada, el encierro golpea con más fuerza a los sectores más jóvenes y vulnerables.
La población extranjera representa el 4,5% del total, aunque su presencia es mayor en el Servicio Penitenciario Federal (16,1%), asociada principalmente a delitos federales y de tráfico fronterizo.
Condenados, procesados y una brecha de género
En términos judiciales, el 62% de las personas detenidas tiene condena firme, mientras que el 37,3% permanece procesada, es decir, sin sentencia definitiva. Aunque el porcentaje de prisión preventiva bajó en relación con años anteriores, el número absoluto sigue en aumento: pasó de 43.191 personas en 2022 a 45.305 en 2024.
El informe también revela una desigualdad de género en el uso de la prisión preventiva. Mientras que el 36,8% de los varones procesados está detenido sin condena, el porcentaje asciende al 48,6% en mujeres y al 42,9% en personas trans o no binarias.
Delitos, pobreza y penas cortas
Los delitos contra la propiedad concentran la mayor cantidad de personas presas (36,4%), seguidos por los delitos contra las personas y contra la integridad sexual. Sin embargo, el impacto del sistema penal no es neutro: los delitos vinculados a estupefacientes afectan de manera desproporcionada a mujeres y personas trans, mientras que en los varones predominan los delitos contra la propiedad.
Uno de los datos más sensibles del informe es el de las penas cortas. El 17% de las personas condenadas cumple penas menores a tres años: unas 12.787 personas detenidas por delitos de escasa o nula violencia, como hurto, robo simple o estafas. Según el CNPT, muchos de estos casos podrían resolverse con medidas alternativas al encierro, pero la ejecución efectiva de estas penas sigue en aumento.
Salud mental tras las rejas
El informe también advierte sobre la situación de 256 personas alojadas en cárceles bajo medidas de seguridad curativas por motivos de salud mental. Aunque representan solo el 0,2% del total, el CNPT señala que su alojamiento en prisiones genera graves vulneraciones de derechos, con abordajes deficientes o inexistentes.
En conjunto, el diagnóstico es contundente: más cárceles no alcanzan. El organismo advierte que el crecimiento del encarcelamiento está ligado al uso excesivo de la prisión preventiva, las reformas penales más severas y la falta de alternativas reales al encierro. Un combo que, año tras año, empuja al sistema penitenciario a un límite cada vez más peligroso.
El informe completo
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