Con el verano a la vuelta de la esquina, la situación de emergencia de los ríos de Neuquén vuelve a encender las luces de alarma por la desatención de las autoridades, que no parecieron haber tomado nota de la gravedad del asunto.
El pasado martes expiró el plazo para que el gobierno provincial reglamente la ley de alerta ambiental por contaminación de los cursos de agua que fue aprobada como consecuencia de la creciente presión popular durante un verano, el del año pasado, en el cual miles de vecinos se vieron privados de disfrutar del principal balneario de la ciudad, como es el Albino Cotro.
Hay una evidente contradicción del gobierno provincial que sale a mostrar con bombos y platillos millonarias inversiones en infraestructura para evitar que los líquidos cloacales lleguen crudos a los ríos y no transparenta las acciones ambientales con un plan estratégico, tal como está planteado en la ley que demora en reglamentar.
Hay otro aspecto importante en la ley en cuestión: los municipios de toda la provincia se ven obligados a tomar medidas concretas para evitar contaminar los ríos. Las graves denuncias de contaminación del Limay por parte del Municipio de Plottier tendrían un efecto inmediato sobre los funcionarios de esa localidad como responsables de los daños si la norma se reglamentara.
Este viernes diversas entidades ambientalistas, ONG y legisladores de la oposición se reunirán para redactar un documento e impulsar acciones tendientes a que el gobierno también se responsabilice por cumplir con sus deberes antes de que sea demasiado tarde para remediar daños que se pudieron haber evitado.