Fue procesada con prisión preventiva y más de $3400 millones de embargo. La acusan de 124 estafas y de encabezar un entramado que dejó a decenas sin auto.
Gladys Jezabel Pallone, empresaria del rubro automotor e integrante de firmas como CheryPlanes, Central Libertador y Central Puerto Madero, quedó detenida bajo arresto domiciliario y es investigada por un presunto esquema de estafas que habría afectado a decenas de compradores que pagaron sus autos y nunca los recibieron.
La acusación tomó fuerza tras la decisión de la jueza Alejandra Provitola, quien procesó a Pallone con prisión preventiva al considerarla jefa de una asociación ilícita dedicada a cometer 124 estafas y 82 desbaratamientos de derechos acordados. Además, dispuso un embargo por $3492 millones, ordenó colocarle una tobillera electrónica y le prohibió cualquier contacto con las víctimas.
La magistrada también la citó para ampliar su declaración indagatoria, en la que está representada por el abogado Cristian Poletti. La semana pasada, la Sala II de la Cámara Criminal y Correccional confirmó su procesamiento y reforzó su situación judicial.
Un expediente de 678 páginas y varias deudas en juego
Pallone, de 54 años, mantiene además una deuda de $68,9 millones en cheques sin fondo, un dato menor frente a la dimensión de la causa principal, cuyo procesamiento abarca 678 páginas.
En total, hubo 23 imputados en el inicio de la investigación. Entre ellos está Florencia Pallone, sobrina de la empresaria, quien fue procesada por 30 estafas y embargada por $850 millones.
Otro de los principales señalados es Alejandro Fachinetti, gerente del grupo y socio de Pallone en Central Puerto Madero y Central Libertador. Según el Banco Central, mantiene una deuda de $295 millones en cheques sin fondo, y la jueza ordenó para él el mismo embargo que para la empresaria, además de inhibir todos sus bienes.
A la estructura se suma también Damián Camoia, considerado organizador de la asociación ilícita y descrito en testimonios como encargado de gestionar los autos usados entregados por los clientes.
Alejandro Facchinetti, gerente del grupo.
Hasta ahora, 34 víctimas se constituyeron como querellantes. Muchas de ellas protagonizaron escraches, protestas y reclamos públicos frente a las oficinas del grupo.
El origen: denuncias, autos usados y un mecanismo repetido
Los hechos que dieron inicio a la causa se centraron en la concesionaria Automotores Núñez, con locales en Avenida del Libertador 6716 y Figueroa Alcorta 7604.
La denuncia fundacional fue presentada por una mujer que, en octubre del año pasado, comenzó el trámite de compra de un Citroën C3 Aircross. Entregó $500.000 como seña, pagó honorarios a una escribana, firmó un formulario 08 en blanco y dejó su Renault Logan en parte de pago. Mientras esperaba la entrega, le otorgaron temporalmente un Fiat Cronos.
Días después, recibió una llamada inesperada: una empresa de alquileres le preguntaba por el Logan, porque Automotores Núñez lo había entregado para renta. Su hija confirmó que el vehículo estaba publicado para la venta en una plataforma online.
A este caso se sumaron dos denuncias similares. En una, un hombre afirmó haber pagado $8 millones y entregado su Renault Capture sin obtener respuestas. Cuando se presentó en la concesionaria, aseguró que Fachinetti lo excusó con supuestas demoras de Citroën Argentina.
Varios testimonios señalaron a Camoia como el responsable de vender rápidamente los autos usados a terceros.
Escraches, empleados sin sueldo y medidas pendientes
Con el correr de las semanas, las denuncias derivaron en escraches, transmisiones en redes sociales y reclamos de clientes que exigían respuestas. Empleados administrativos declararon que se les adeudaban sueldos y que en algunos casos debieron costear su propio uniforme.
La jueza Provitola mantiene medidas en curso. Solicitó informes a la Unidad de Información Financiera (UIF) para determinar si hubo reportes de operaciones sospechosas vinculadas al grupo.
El expediente sigue creciendo y sumando elementos. En paralelo, Gladys Jezabel Pallone enfrenta uno de los procesos judiciales más voluminosos y complejos de los últimos años en el sector automotor.
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