Para las querellas, hay pruebas contundentes

Neuquén > Las querellas y el fiscal que intervienen en el tercer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia durante la última dictadura militar señalaron que hay pruebas suficientes para condenar a los cinco imputados.
Tanto el fiscal Adrián García Lois como el abogado de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Juan Cruz Goñi, sostuvieron que las pruebas más contundentes son “los documentos y reglamentos militares, los testimonios de varias víctimas que indicaron detalles de sus secuestros y detenciones ilegales donde dejaron en claro la importancia capital de las tareas de inteligencia previa y las que buscaban a través de los interrogatorios”.
En tanto, desde la querella del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), Ivana Dal Bianco y Natalia Hormázabal señalaron que esperan que los jueces sean conscientes de que están juzgando un plan genocida que incluía, entre una de sus apuestas fundamentales, la manera de garantizarse la impunidad. "Eso no puede ser obviado cuando se analizan las responsabilidades de los imputados", indicaron.
El abogado de la APDH aclaró que es necesario distinguir el caso de Soza y Di Pasquale, que comparecen por primera vez a un juicio por haber sido prófugos de la Justicia y la situación del resto de los imputados, ya condenados en los dos anteriores.
En el caso de Soza y Di Pasquale, Goñi precisó que “es imprescindible demostrar su intervención en el plan sistemático, criminal y clandestino de exterminio, además de todos los delitos que damnificaron a sus víctimas”. En el caso de los otros tres imputados, “al habérseles impuesto la condena por asociación ilícita y siendo la asociación ilícita la que le da el marco a todos los otros delitos, el criterio probatorio es diferencial”.
Sostuvo que tanto Di Pasquale como Soza, en sus ampliaciones de declaraciones indagatorias, expusieron “coartadas bien distintas pero a un mismo fin: evadir su responsabilidad criminal”. Desde el Ceprodh puntualizaron en el caso de Soza, “quien era el segundo jefe de un centro de tortura, lisa y llanamente, y esa es su responsabilidad funcional”.