Abuso policial: acusaron a dos efectivos de Buta Ranquil por golpear y disparar a una pareja
El hecho ocurrido en el norte neuquino data de enero de este año, aunque la investigación se acaba de formalizar.
Dos efectivos de la Policía provincial fueron acusados por haberse excedido en la fuerza establecida por los protocolos durante un operativo de secuestro de una moto en Buta Ranquil. El caso de presunto abuso policial tuvo como víctima a una pareja que recibió disparos y golpes de los acusados.
Se trata de un sargento y un cabo primero, quienes de acuerdo a la teoría que presentó el Ministerio Público Fiscal esta semana, el 29 de enero pasado por la madrugada dispararon a un hombre con una escopeta antitumultos a corta distancia y golpearon con un bastón policial a la mujer que lo acompañaba.
Según relató la fiscal del caso Natalia Rivera en la formulación de cargos, los hechos ocurrieron en el marco de una discusión a raíz del secuestro de una motocicleta estacionada en la Plaza Olascoaga de la mencionada localidad.
“(Los efectivos) Tuvieron un trato humillante y violento hacia las personas, configurando actos de vejaciones cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones”, sostuvo la fiscal.
De acuerdo a la teoría del caso, cuando los jóvenes se acercaron a consultar la razón por la que se llevaban su moto, el sargento "A.M.B." le arrebató a la mujer el celular con el que estaba filmando el procedimiento y lo arrojó dentro de la caja del móvil policial. Posteriormente, tomó una escopeta con cartuchos antitumultos y efectuó un disparo a los pies del joven y le provocó lesiones en ambas piernas.
Según explicó Rivera, el accionar “no se ajusta a la normativa vigente que regula el uso del armamento intimidatorio y disuasivo por la distancia y la dirección, conforme la resolución 700/2 de la Policía de Neuquén”.
Por otro lado, mientras la mujer intentaba recuperar su celular, ubicado en la parte trasera de la camioneta policial, el cabo primero "J.J." “tomó su bastón reglamentario y le propinó al menos dos golpes, provocándole hematomas en ambos glúteos”.
Tras escuchar la prueba, el juez Diego Chavarría Ruiz abrió la investigación penal preparatoria contra los dos efectivos policiales por el delito de vejaciones y dispuso un plazo de cuatro meses para la misma.
Condenaron al exjefe de la Comisaría 35 por abuso policial
En marzo pasado, en un fallo que marca un precedente en la provincia, el juez Luciano Hermosilla declaró penalmente responsable al subcomisario Oscar Horacio Ceballos por los delitos de privación ilegítima de la libertad, abuso de funciones y violencia en el ejercicio de su cargo. La decisión se tomó luego de varias jornadas de juicio, en las que la fiscal Rocío Rivero presentó pruebas que acreditaron que Ceballos detuvo sin motivo a una persona que intentaba realizar una denuncia en la fiscalía y, posteriormente, la agredió.
El hecho ocurrió el 10 de octubre de 2023, aproximadamente a las 12:23, en la ciudad de Rincón de los Sauces. Según la reconstrucción de los hechos presentada por el Ministerio Público Fiscal, la víctima se encontraba esperando en la vereda del edificio judicial ubicado en la calle Irigoyen 618, cuando fue abordada violentamente por el subcomisario. De acuerdo con el relato de la fiscal Rivero, Ceballos lo embistió con su cabeza y, sin motivo alguno, ordenó su aprehensión.
Además, le sujetó las manos por la espalda y dio instrucciones a otros efectivos para que lo esposaran, le quitaran su celular y lo trasladaran en un móvil policial.
La agresión ocurrió en el marco de un conflicto previo registrado en la vereda de la Comisaría 35. La víctima, junto con su hermano y una mujer, se había dirigido a esa dependencia para denunciar un hecho ocurrido horas antes en la oficina judicial, en el cual la mujer y un funcionario habían resultado lesionados. Fue en ese contexto que el subcomisario actuó con violencia y abuso de autoridad, impidiendo que la denuncia fuera realizada.
La fiscal del caso enfatizó la gravedad del hecho, destacando que el abuso provino de un funcionario que debía garantizar la seguridad y los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Las cámaras de la Oficina Judicial captaron la agresión, y los videos presentados como prueba fueron fundamentales para confirmar la materialidad del hecho y la responsabilidad del acusado.
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