Narcomenudeo: acusaron a todos los integrantes de la banda del barrio San Lorenzo y clausuraron "kioscos"

El Ministerio Público Fiscal (MPF) avanzó con otra acusación en contra de casi una decena de personas que manejaban tres kioscos narco en el barrio San Lorenzo. Se pudo comprobar que su “especialidad” era fundamentalmente la venta de envoltorios de cocaína y a la hora de los cobros, aceptaban pagos en efectivo y electrónicos.

Por pedido de la fiscal del caso Silvia Moreira y del asistente letrado Pablo Jávega, nueve personas fueron acusadas por comercializar estupefacientes en tres domicilios en la ciudad de Neuquén. Uno de los imputados quedó detenido en prisión preventiva, cuatro en domiciliaria y los otros deberán comparecer en comisarías.

Durante la audiencia realizada en la Ciudad Judicial de esta capital, la fiscal del caso describió que las personas identificadas por sus iniciales como G.O.S., J.M.S., N.E.P., G.P., L.G.M., E.A., F.M., L.P. y K.A.R., junto a otras personas aún no individualizadas, vendían drogas (principalmente clorhidrato de cocaína) en diversos horarios, pero generalmente durante la tarde/noche, cobrando al contado y mediante billeteras virtuales. Realizaban esta actividad de forma organizada en tres domicilios en el San Lorenzo y barrios cercanos, al menos desde el 1 de julio hasta el 18 de septiembre.

A su vez, C.R., facilitaba parte de un inmueble de su propiedad para que los imputados comercializaran estupefacientes.

Un grupo narco con varios tentáculos

El delito que le atribuyeron los representantes del Ministerio Publico Fiscal a los nueve narcos es comercialización de estupefacientes agravado por la participación de 3 o más personas organizadas en calidad de autores (artículos 5 inciso “c”, 11 inciso “c” y 34 de la Ley 23.737, artículos 77, 45 y 55 del Código Penal, decreto 635/24 modificatorio 560/19 en función del artículo 1 de la Ley 3488). Por su parte, C.R. fue acusado por el delito de facilitación de lugar destinado a comercialización de estupefacientes en carácter de autor (artículos 10 y 11 inciso “c” de la Ley 23.737).

fiscal del caso Silvia Moreira y asistente letrado Pablo Jávega

Moreira y Jávega requirieron que se impongan distintas medidas cautelares para los acusados por cuatro meses y bajo el argumento de que existe riesgo de fuga por no sometimiento al proceso y peligro de entorpecimiento de la investigación en distintos grados: para G.O.S. pidieron que quede detenido en prisión preventiva por cuatro meses; para J.M.S., N.E.P., L.G., E.A. y K.A.R. pidieron prisiones domiciliarias por el mismo plazo; mientras que para L.G., F.M., L.P. y C.R. solicitaron comparendos semanales en la comisaría más cercana a sus domicilios.

Clausura de propiedades y embargo de fondos

Por último, también fue solicitada la prohibición de comunicación y contacto por cualquier medio de todos los imputados con los testigos de los procedimientos y con los compradores, que estaban en los lugares al momento de la realización de los allanamientos. Y finalmente se pidió la clausura de las casas de drogas por 120 días y el embargo los fondos en efectivo y cuentas de K.A.R. y G.O.S.

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Raúl Aufranc, avaló la acusación y dio por formulados los cargos. En relación a las medidas de coerción, el magistrado fijó las detenciones, los comparendos, las clausuras y los embargos, de acuerdo a lo requerido por la fiscal y el asistente letrado.

El plazo para que el MPF concluya la investigación penal preparatoria quedó fijado en cuatro meses.