La Paz (AFP-NA) >
La decisión del presidente Evo Morales de nacionalizar al 100 por ciento una empresa de ductos gasíferos gerenciada por la anglo-holandesa Shell y la estadounidense Ashmore, abrió el debate sobre la capacidad de Bolivia para realizar las inversiones requeridas para exportar gas a Argentina.«Dado el rol estratégico del transporte por ductos, esperamos que no se vean afectados los urgentes proyectos de ampliación que se venían gestionando para poder atender el déficit de la demanda interna y externa», afirmó la privada Cámara Boliviana de Hidrocarburos, entidad que agrupa a las petroleras que operan en Bolivia.
La entidad también expresó en su comunicado su preocupación de que la nacionalización de Transredes, gerenciada por Shell y Ashmore, afecte las «ampliaciones vitales para atender las necesidades de evacuación de líquidos y gas de los nuevos proyectos de inversión a realizarse».
Producción
Bolivia produce con mucho esfuerzo entre 38 y 40 millones de metros cúbicos diarios de gas natural que vende a Brasil (31 millones de m3), en su mercado interno (que requiere de 6 a 7 millones de m3) y un saldo fluctuante para Argentina, país al que -según un acuerdo- ya debería estar vendiéndole 7,7 millones de m3.
Además el presidente Evo Morales firmó en 2006 un acuerdo de integración energética con el ex presidente argentino, Néstor Kirchner, para que La Paz suministre a través del Gasoducto Nordeste Argentino unos 14 millones de m3 diarios a partir de 2010 aumentando hasta 27 millones de m3 en un lapso de 20 años.
Para disipar temores sobre una posible retracción de la industria, el ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, afirmó que la empresa estatizada Transredes cumplirá con todos los programas de inversión, como la construcción de nuevos ductos o ampliación de las actuales redes de distribución local.
«Garantizamos plenamente las inversiones en los proyectos futuros», señaló la autoridad, citada ayer por canales locales.
El Gobierno también sostuvo que estas medidas políticas no afectan la fe del Estado de garantizar a las empresas extranjeras sus operaciones en Bolivia.