Por un llamado del Gobierno, Oyarbide frenó un allanamiento

Buenos Aires (NA) > El juez federal Norberto Oyarbide explicó ayer que decidió la suspensión de un allanamiento en la asociación mutual Propyme debido a que fue alertado, a través de un llamado telefónico del Gobierno, sobre “irregularidades” que se habrían cometido durante el procedimiento judicial.
“En el día de ayer (martes) le envié al presidente de la Cámara Federal, el doctor Martín Irurzun, un oficio en el cual le informaba con todo cuidado de qué forma me había anoticiado de graves hechos de corrupción que motivaron que yo suspendiera todos los procedimientos”, indicó.
En ese orden, el magistrado puntualizó: “Con todo detalle le comuniqué que había recibido un llamado directamente de la Secretaría Legal y Técnica de la Nación. La persona que dialogaba conmigo dijo que era Carlos Liuzzi”.
 
Honor en juego
De acuerdo con lo señalado por Oyarbide mediante la comunicación telefónica, se le informó que alguien habría solicitado una suma de dinero para no continuar con el procedimiento que, a la vez, se llevaba a cabo de manera irregular amedrentando a los trabajadores que allí se desempeñaban.
“En ese momento me costaba bastante mantener la calma frente a lo que terminaba de enterarme, porque estaba mi nombre en juego, lo utilizaban para cometer este tipo de tropelías”, relató.
“Ordené al secretario (del juzgado Carlos Leiva), ese 19 de diciembre, estábamos sin luz en Comodoro Py, sin computadoras, que de forma manuscrita escribiera una resolución que yo mismo me encargué de dictar”, aseguró.
Oyarbide precisó que con dicha resolución y la denuncia del dueño de la mutual, Alejandro Greppi, fueron presentadas al presidente de la Cámara Federal,  Martín Irurzun, para formalizar una denuncia penal, que está en manos del juez Luis Rodríguez.
 
Cuestión de confianza
Luego de trascender la noticias, el magistrado dialogó ayer con la prensa a la salida de su casa, donde admitió la decisión y sentenció: “No tengo nada que ocultar”.
“Que me llamen de la Secretaría Legal y Técnica me merece toda la confianza”, sostuvo.
Consultado sobre cómo se enteró la dependencia oficial del operativo, respondió: “Habría que preguntarse cómo el señor Luzzi se enteró de esas cosas; yo no estoy en la Secretaría Legal y Técnica”.
 
Pedido de coima
El diario La Nación precisó ayer que, según la denuncia, dos policías pidieron sobornos en nombre del Juzgado de Oyarbide, al decir que ellos respondían sólo ante el magistrado y “no ante ninguna autoridad política”.
El juez Luis Rodríguez investiga a los policías Fabio Ascona y Ángel Castro, quienes están acusados de pedir unos 300.000 dólares para no allanar la Mutual Propyme. Los efectivos, junto con otros agentes el 19 de diciembre último, ingresaron al lugar, donde descubrieron la existencia de cinco millones de pesos termosellados y embalados como habían sido sacados de un banco.
Según Greppi, el operativo terminó cuando Ascona le dijo que lo “llamaron del Juzgado” diciéndole que “se terminaba”.

Investigan más casos de coimas
Buenos Aires > El juez Luis Rodríguez investiga otro caso de presunto pedido de coimas por parte de policías de la División Investigación Federal de Organizaciones Criminales (DIFOC) que trabajan con el juez Oyarbide para suspender un allanamiento.
El dato surgió a partir de la declaración del empresario Alejandro Greppi, dueño de la mutual Propyme, que denunció que la Policía le pidió una coima en un operativo realizado el 19 de diciembre por pedido de Oyarbide y señaló que otro empresario que conoce, al que identificó como Enrique, titular de la firma Mercado Único, "también había sido perjudicado en un procedimiento similar en el que le había sido solicitado dinero de la misma forma" en otro allanamiento el mismo día.

La oposición impulsa el juicio político
Buenos Aires > El juez Norberto Oyarbide está en la mira de la oposición desde hace tiempo por su supuesta “dependencia” del Gobierno, al haber reconocido que suspendió un allanamiento tras un llamado telefónico de la Casa Rosa, lo podría dejarlo al borde de la suspensión. El malestar de la oposición también alcanzó al secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, a quien le solicitaron la renuncia.
La diputada del PRO Patricia Bullrich reclamó "inmediata" renuncia de Carlos Zannini y de su segundo Carlos Liuzzi, por haber presionado al magistrado y dijo que solicitará que sean investigados por la Justicia de manera urgente.
“Lo sucedido es un ejemplo más del poco respeto que el gobierno kirchnerista les tiene a los valores republicanos, intentando que el Poder Ejecutivo someta a los otros dos poderes”, indicó Bullrich.
 
Pedido de jury
El diputado radical Manuel Garrido sostuvo que “las declaraciones de Oyarbide son de una gravedad inusitada, porque por un lado admite que tiene contactos informales con el Poder Ejecutivo y, por otro, que paró un allanamiento por pedido de un funcionario”.
El ex fiscal adelantó que promoverá la interpelación de Zannini y de Liuzzi, a la vez que reclamará un jury de enjuiciamiento para Oyarbide.
Su colega del PRO Federico Pinedo consideró que “el reconocimiento por parte de Oyarbide de frenar un operativo después de recibir un llamado de un señor cercano al secretario Legal y Técnico, exige que se le inicie juicio político”.
“Una vez más, se vulnera la división de poderes en nuestro país", agregó.
El senador chubutense Mario Cimadevilla (UCR) lanzó críticas al oficialismo por el manejo del Consejo de la Magistratura: “Por algo nunca logramos la mayoría para enjuiciar a Oyarbide porque el oficialismo se oponía”.
El consejero Alejandro Fargosi inició la investigación formal contra Oyarbide, por lo que pidió a la Cámara Federal "remita con urgencia" el expediente de la causa.