Presos y exiliados serán ministros del gobierno catalán

Dos están en prisión y los otros dos en Bélgica. Los nombró el nuevo presidente.

El independentista Joaquim Torra, nuevo presidente de Cataluña, incluyó en su gobierno a políticos que están en prisión preventiva y a otros que se encuentran fuera de España para evitar ser detenidos por el proceso separatista.

Con este gesto, el jefe del Ejecutivo regional lanza un nuevo desafío a Madrid, que rechaza que los independentistas presos y exiliados sean nombrados consejeros, es decir, ministros regionales. Según dijo Mariano Rajoy, esta decisión “es una provocación”.

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De todos modos, el decreto de Torra ya está firmado. Jordi Turull y Josep Rull están siendo investigados por la Justicia española y se encuentran en prisión preventiva por el proceso independentista que Carles Puigdemont llevó al límite en octubre, al aprobarse en el Parlamento catalán una declaración para crear una república independiente.

Los otros nombres en conflicto son los de Toni Comín y Lluís Puig, también imputados por el plan separatista aunque, en estos casos, ambos están exiliados en Bélgica desde octubre.

La decisión de Torra encaja con su afán de “restituir” en el gobierno a dirigentes encarcelados o que en su momento huyeron de España tras ser destituidos por Madrid para frenar el proceso independentista. Según el gobierno catalán, los nuevos consejeros tomarán posesión de su cargo el miércoles en Barcelona. Para poder acudir al acto, Turull y Rull tendrían que pedir permiso al juez para dejar la prisión.

En tanto, Comín y Puig serían detenidos en caso de regresar a España, por lo que algunas voces del independentismo consideran que no es necesario que la toma de posesión sea “in situ”. “Un consejero no puede ejercer sus funciones estando en prisión. Es un elemento de sentido común que obliga a pensar que no es posible”, dijo el portavoz del gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo. La formación de gobierno es necesaria en Cataluña para que se levante la intervención administrativa decretada por Madrid en octubre.

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