La utilización de las videoconferencias en el ámbito de los juicios por delitos de lesa humanidad posibilitó en muchas causas que se realizaron a lo largo y ancho del país transformarse en una herramienta para hacer justicia. Su uso permitió llevar adelante innumerables audiencias a distancia tanto con testigos y víctimas del terrorismo de Estado llevado adelante por la última dictadura militar como también con imputados que cumplían penas domiciliarias o en cárceles federales en distintos puntos del país.
Pero la resolución tomada por los jueces del Tribunal Oral Federal de Neuquén, que el 5 de septiembre empezó a juzgar a siete ex militares y policías en la causa Escuelita V, de permitir la no presencia de los imputados -todos ellos ya con condenas por estos delitos- en las audiencias para evitar gastos al Estado ha sido interpretada por los abogados querellantes, organismos de derechos humanos, víctimas y familiares de desaparecidos como un privilegio que forma parte de una nueva forma de impunidad.
Los jueces argumentaron su decisión en que, si los imputados no iban a declarar, no era necesario que estén presentes porque de hacerlo “demandaría mucho dinero traerlos a juicio”.
Las querellas arremetieron señalando que “no hay juicio sin imputados presentes en la sala de audiencias”. Además, precisaron que es la oportunidad para que las víctimas o los testigos identifiquen o vuelvan a ver a sus represores.
Considero que la Justicia tiene un rol fundamental en la construcción de verdad. Es el ámbito de sanción del pasado. La importancia de conocer y comprender ese pasado radica en que nos brinda herramientas para construir el presente y el futuro.
La decisión para que los represores no estén en las audiencias ha sido tomada como una nueva forma de impunidad.