Sobre el apartamiento del juicio de Farías Barrera y Olea por problemas de salud, las abogadas precisaron que el hecho de que “a cuarenta años se permita a los responsables del plan represivo en la región abstraerse de sus responsabilidades en función de un alegado estado de salud, resulta una burla para las víctimas, familiares y todos los que hemos luchado por anular las leyes de obediencia debida y punto final”.

Señalaron que la resolución del tribunal es una “concesión de la Justicia a los genocidas de irse a su casa sin responsabilidad alguna, cuando a 10 años de comenzarse estos juicios decenas de víctimas fallecen sin justicia y los genocidas mueren impunemente sin condena o son premiados con prisiones domiciliarias o bajísimas penas”.

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