La reciente condena a tres años de prisión en suspenso a la ex jueza de Paz de Junín de los Andes, Raquel Briceño, y a su marido, el ex sargento del Ejército Rodolfo Manzini, por sustracción de menores, supresión de identidad y falsificación de documento público, delitos cometidos en 1976, marcó el fin de una serie de mentiras, negaciones, ocultamientos y, sobre todo, de la impunidad que gozaron quienes fueron sentados en el banquillo de los acusados.
Con una valentía admirable, Sonia Manzini empezó hace algo más de dos años el camino de la búsqueda de justicia y verdad. Y lo hizo denunciando a sus propios padres, primero creyendo que ella misma había sido adoptada de manera ilegal -un examen de ADN confirmó que no- y buscando la verdadera identidad de aquel niño que vio llegar envuelto en una manta celeste cuando ella tenía 10 años y que con el golpe militar de 1976 lo había traído la cigüeña, según le dijo su madre. Incluso, la habilitó a Sonia para que le pusiera nombre a su “hermanito”: lo bautizó Julio Rafael.
La aparición de Alicia Sifuentes, quien entre lágrimas y con el apoyo de Sonia declaró que Julio Rafael era su hijo y que Julio Quiroga, quien en 1976 se desempeñaba como juez de Paz de San Martín de los Andes, se lo había sacado de sus manos, fortaleció las acusaciones para desentrañar las complicidades que se tejieron desde la esfera del poder sobre una madre en situación de extrema vulnerabilidad.
Esta condena ejemplar e inédita contra Briceño-Manzini refuerza la búsqueda del derecho a la identidad y a la verdad en momentos en que crece la retórica del negacionismo sobre lo ocurrido durante la época más dolorosa de la historia argentina.
La condena a la ex jueza de Paz de Junín de los Andes por apropiación de menores puso fin a la impunidad.