La orden es clara: Vaca Muerta tiene que estar libre de conflictos y mapuches. Esa es la orden que se bajó desde las altas esferas del gobierno nacional en este “cambio de clima” que propone la gestión del presidente Mauricio Macri. El clima, en este caso, es muy variable. Pasó de permitir usurpaciones y reconocer comunidades de dudosa procedencia a desalojar y judicializar los casos tres años después. Lo extraño es que el gobierno provincial, y en este caso particular el MPN, siempre ha tenido un buen contacto con el mundo de las comunidades, a pesar de algunos desencuentros y reclamos sectoriales. De hecho, hay reconocidas 53 de las 63 comunidades que reclama la Confederación Mapuche. Ante el clima enrarecido, producto del caso Maldonado, el gobernador Gutiérrez optó por no decir demasiado. Sin embargo, como si se tratara de “mapuches buenos y malos”, se mostró preocupado por el hallazgo (siempre dudoso) de un arsenal de armas en el desalojo de los campos en Tratayén. Como contrapartida, Gutiérrez se mostró hace unos días con el lonco de la comunidad Millaqueo, Patricio Zapata, en un acto donde se inauguraron galpones para forrajes. Dos mundos y estilos distintos del manejo de la imagen: uno de un mapuchismo casi oficialista y el otro casi ligado a actos terroristas. En este caso, los dos con un alto componente de sobreactuación mediática. Independientemente de estas construcciones, Neuquén quiere regularizar el tema mapuche con sus propias reglas, más allá de los dictados de Nación. Pero desde la política hay presiones. Políticos, fiscales, abogados y empresarios quieren que este conflicto se resuelva en casa y puertas adentro. Aunque muchos quieren sacar todos los trapos a la luz. Y muy pronto.