Cárcar y Zúñiga, condenados a prisión

General Roca > El destituido intendente de la ciudad rionegrina de Bariloche, Omar Goye, junto con el titular de la Asociación de Empleados de Comercio, Walter Cortés; el secretario gremial de UTHGRA Ovidio Zúñiga y el secretario general de la UOCRA de Neuquén, Víctor Cárcar, fueron condenados a cuatro años de prisión por la defraudación al policlínico sindical Arbos, de Bariloche, en 1999.
La defensa de los condenados, que durante el debate solicitó la absolución, apelará el fallo, con lo cual el cumplimiento de la condena -en caso de que se sostenga- se cumplirá una vez que la sentencia quede firme.
En la lectura del fallo que se realizó pasado el mediodía en el Tribunal Oral Federal (TOF) de la ciudad de General Roca, los dirigentes sindicales y políticos fueron encontrados culpables del delito de “fraude a la administración pública”, por la obtención y utilización de dos subsidios por casi dos millones de pesos/dólares para el “salvataje” del policlínico Arbos, por lo que fueron condenados a cuatro años de prisión.
Por el mismo plazo, Cortés, Zúñiga y Cárcar fueron inhabilitados para actuar en los gremios y a Goye no se le permitirá ejercer la profesión de contador. Además, el TOF les aplicó multas de 45.000 pesos a cada uno en concepto de restitución de los subsidios de Nación, que ascendieron a dos millones de pesos y deberán afrontar las costas del juicio.
En su fallo, el tribunal instruyó además el inicio de una causa para investigar la participación de funcionarios de la Administración de Programas Especiales (APE) del Ministerio de Salud de la Nación en la defraudación al Estado.
La Oficina Anticorrupción -en su rol de querellante- había solicitado para Ovidio Zúñiga, Walter Cortés y Víctor Cárcar 6 años de prisión y 10 años de inhabilitación para desempeñarse en actividades gremiales. Para el ex intendente Goye había pedido la misma pena y 10 de inhabilitación para ejercer como contador.
Los acusó de ser coautores penalmente responsables de defraudación a la administración pública y el reintegro de 1,9 millones de pesos.
Por su parte, la fiscal de Cámara Mónica Belenguer reclamó 6 años de prisión y 5 de inhabilitación para ejercer actividades sindicales para los tres gremialistas procesados por el desvío de fondos a Arbos.
Al igual que la querella, planteó que se gestionaron "fraudulentamente" los dos subsidios "invocando como destino objetivos que de antemano se sabían ficticios".