Controlarán con tobilleras a los presos domiciliarios

Martín Pedoni

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Neuquén.- La Provincia firmará el próximo lunes un convenio con el Ministerio de Justicia de la Nación para implementar en Neuquén el sistema de tobilleras electrónicas para aquellos procesados con prisión domiciliaria.

Según se precisó, en una primera instancia se utilizarían 50 dispositivos distribuidos en la provincia, principalmente en aquellos casos de madres con niños de corta edad a cargo y detenidos mayores de 70 años.

El anuncio se concretó ayer en el Tribunal Superior de Justicia del Neuquén en el marco de un encuentro que convocó a jueces, fiscales y otros operadores de la Justicia neuquina que mostraron cierta cautela sobre el mecanismo que se implementaría en las próximas semanas.

El programa de asistencia de personas bajo vigilancia electrónica actualmente se implementa en once provincias del país, donde están activos 316 aparatos. En Neuquén ya hay cuatro dispositivos en funcionamiento pero están bajo tutela de la Justicia Federal.

Ahora la idea, tras la firma del acuerdo de la semana próxima, es que se implemente en aquellos condenados por la Justicia provincial que, por distintas circunstancias especiales, deben cumplir con arresto domiciliario debido a que por su edad, situación social o género no pueden cumplir la pena en una unidad penitenciaria.

La coordinadora del programa nacional, Mariel Viladrich, dijo a LM Neuquén que “se trata de un sistema que busca promocionar el acceso del derecho a las personas, mejorar las condiciones de vida y mitigar el impacto negativo del encierro, además de contribuir a la reinserción laboral a futuro”.

El programa se puso en marcha en julio de 2015 y desde entonces “ha crecido en todo el país a partir de los acuerdos con las provincias”.

“Hoy el desafío es la implementación, y para que sea fructífero es necesario un trabajo conjunto”, comentó Juan Pablo Prezzoli. El subsecretario de Gobierno y Justicia de la provincia adelantó que, para la puesta en marcha de este plan, próximamente se sumará personal idóneo y tecnología necesaria al Centro de Operaciones Policiales (COP).

Sistema confiable

La implementación de las tobilleras electrónicas será solicitada por los abogados defensores o los representantes del Ministerio Público Fiscal a los jueces de Ejecución Penal.

El magistrado solicitará oportunamente dos informes de viabilidad: uno psicosocial y otro de tipo técnico.

El primero hará referencia a la situación de vivienda y grupo familiar del detenido, mientras que el segundo referirá a la existencia de energía eléctrica y línea telefónica disponible para la instalación de la unidad de monitoreo domiciliario.

Una vez instalada la central domiciliaria, que establece un rango de perímetro en el que el beneficiado se podrá movilizar, y con la tobillera atada, se inicia el monitoreo que dispara alertas en casos de que se viole el perímetro, la pulsera o se detecte cualquier anomalía.

“Cuando haya manipulaciones indebidas, ya sea de la tobillera o de la unidad de monitoreo, se dispara una alerta. Primero se realizará una comunicación con el detenido a través de la central -que funciona como un teléfono- y luego se dispondrá un control in situ según lo disponga el operador judicial”, explicó Viladrich.

“Es importante tener este diálogo institucional. El desafío es adaptar el dispositivo a nuestro Código Procesal Penal, que es un sistema acusatorio y con plazos muy reducidos”. Juan Pablo Prezzoli. Destacó el trabajo entre Nación, Provincia, TSJ y Fiscalía General.

La mayoría, en Buenos Aires

El programa nacional de seguimiento electrónico concentra la mayoría de los dispositivos en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, donde hay 101 y 108 casos respectivamente. Santa Fe tiene 42 aparatos y Mendoza, 14.

El plan nacional proyecta que haya 1410 dispositivos en uso en diferentes provincias.

50 tobilleras se utilizarán en la primera etapa neuquina.

Los beneficiarios a futuro serían madres detenidas con niños menores a cargo, personas mayores de 70 años o con problemas graves de salud y también personas de la comunidad LGBT.

Jueces y fiscales lo miran con cautela

Expectativas, cautela y escepticismo se combinaban en los sentimientos de los jueces, fiscales y operadores judiciales que participaron ayer de la presentación de la tobillera electrónica.

Además de los que habían concurrido al auditorio del cuatro piso del edificio de la calle Alberdi, referentes de circunscripciones del interior neuquino siguieron la presentación por videoconferencia.

El fiscal general José Gerez, que ofició de anfitrión, destacó que “se trata de una herramienta para controlar la ejecución de penas” de la prisión domiciliaria (hoy dependen de una consigna policial o de la buena voluntad del convicto).

No obstante, muchos de los magistrados tenían dudas sobre cómo se aceitarán los mecanismos de aplicación y sobre la efectividad de los dispositivos, además de los plazos que demandarán en base al sistema judicial neuquino. “Por ejemplo, en el resto del país los informes de viabilidad demandan una semana, aquí debería ser entre 48 o 72 horas”, indicaron.