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Domiciliaria para un preso que le amputaron una pierna y no lo pueden atender

Lo condenaron a tres años por coacción y amenazas, pero cumplirá prisión en su casa porque el Sistema Penitenciario no cuenta con instalaciones asistirlo.

Un hombre fue condenado a tres años de prisión por el delito de coacción agravada y amenazas calificadas por el uso de arma por dos hechos ocurridos el 15 de noviembre de 2020 en el barrio Puente 83 Sur. Pero la condena la cumplirá en su casa porque le amputaron una pierna y el sistema carcelario no está preparado para contener a personas con este tipo de discapacidad.

La fiscal adjunta Giovanna Moro el abogado querellante Michel Rischmann, en representación de dos damnificadas, acusaron a Mauricio Molina de haber irrumpido en primer lugar en una despensa del sector barrial y tras pedirle vino y cigarrillos a la comerciante la amenazó con un cuchillo y amenazó con matarla a ella y a su hija.

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Minutos después fue hasta una casa cercana y le volvió a pedir vino al morador que se encontraba afuera del domicilio, y como el hombre se negó le mostró un cuchillo y lo amenazó con incendiarle la caza. También le advirtió que mataría a su hijo.

La causa derivó en un juicio abreviado alcanzado entre la parte acusadora y Mario Nolivo, defensor del imputado, quien aceptó el acuerdo y los tres años de cárcel convenidos.

La fiscal Moro agregó que además el acuerdo establecía que el castigo de cumplimiento efectivo dado que Molina había sido condenado en 2010 a trece años de prisión -no se precisa en el fallo el motivo- y también la declaración reincidencia.

Asimismo, precisó que el acuerdo era por prisión en modalidad domiciliaria, lo que fue aceptado por la jueza Alejandra Berenguer, al considerar que es pertinente y ajustado a derecho, además de que el hecho fue confirmado por las pruebas.

Las cárceles no están preparadas

Respecto a la prisión domiciliaria, el argumento se centró en un informe del Cuerpo de Investigación Forense (CIF) que indicó que Molina presenta amputación quirúrgica del miembro inferior izquierdo, a la altura de la cadera, lo que le dificultad deambular, pues usa muletas.

El dictamen judicial contempló un informe social que indica que tiene una hija de 7 años, su padre es jubilado y reside en una casa del Puente 83 donde puede vivir. Además, por su discapacidad, el acusado cobra una pensión no contributiva y recibe leña del municipio.

A ello se agregó que el Servicio Penitenciario provincial aclaró que las cárceles “no cuentan con instalaciones físicas de acuerdo a los requerimientos de la incapacidad del detenido”.

En tanto que la UADME -Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico- notificó que es posible continuar con el dispositivo GPS, dado que ya estaba siendo monitoreado con este sistema, una vez que se dicte la prisión domiciliaria.

Finalmente se valoró un diagnóstico psiquiátrico que concluyó que “al momento del examen no presenta indicadores de riesgo cierto o inminente para sí o para terceros”.

De todos modos, en la audiencia Berenguer se le hizo saber expresamente a Molina que en caso de cumplir con las condiciones de detención se le podría revocar la domiciliaria.

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