El shock tarifario. Un laberinto sin salida

La eliminación de subsidios transfiere 4000 millones de dólares de los consumidores a las petroleras. Se acelera la inflación, se contrae la actividad y se acentúa el déficit fiscal.

Por Cristian Navazo

El incremento del gas en boca de pozo y la eliminación de los subsidios al consumo produjeron una gigantesca transferencia de recursos hacia las petroleras, que poco ayudó a reducir el déficit fiscal, no promueve las inversiones en el segmento de la exploración y producción, genera un fuerte impacto negativo en la actividad comercial e industrial, acentúa la inflación y causa un gran malestar social, sobre todo en la Patagonia.

Un informe del Centro de Estudios Patagonia (CEP) indica que los subsidios a las tarifas de los servicios públicos y a los combustibles tenían varios objetivos: establecer un mecanismo de redistribución de la renta petrolera, mejorar la competitividad de las empresas y aportar un ingreso extrasalarial para liberar recursos hacia el consumo.

La eliminación de los subsidios era uno de los temas de agenda en la carrera presidencial del año pasado, que tenía consenso entre las diversas fuerzas políticas. Según se coincidía, era necesario corregir tarifas que habían quedado por detrás de la inflación y reducir el déficit presupuestario. "En otras palabras, que los consumidores paguen lo que antes aportaba el Estado", señala el estudio.
Sin embargo, especialistas en cuestiones tarifarias advertían sobre el fuerte golpe inflacionario que tendría la suba de la electricidad y el gas, y el impacto fiscal negativo que resultaría de combinar el ajuste de tarifas con una fuerte devaluación de la moneda.

El informe del Centro de Estudios Patagonia destaca que la devaluación del 40% de la moneda encareció los costos de generación eléctrica, ya que buena parte de ella necesita de la importación de combustibles. De esa forma, se genera una nueva ronda de aumentos y se licúan los efectos presupuestarios positivos, lo cual hace prever que en el futuro habrá más ajustes en las boletas.
El CEP indica que la suma de estos dos problemas "podía tener consecuencias contrarias a las buscadas: la devaluación y la fuerte inflación podrían provocar una contracción de la economía agravando la situación fiscal que se buscaba solucionar y obligando a nuevas rondas de ajustes del gasto".

En la Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, la suba de la luz rondó entre 270 y 465 por ciento para los comercios e industrias, mientras que en las provincias del sur -donde ya se pagaban precios más caros- fue de entre 160 y 180 por ciento.

La patagonia tiene el consumo de gas más alto del país.

Zona de alto consumo

Sin embargo, el mayor impacto para la Patagonia vino con el aumento del gas, región que en la última década fue beneficiada por el subsidio por ser una zona de alto consumo, y quedó fuera de los incrementos aplicados en los últimos años. Así, el sector residencial empezó a recibir facturas con incrementos del 540 por ciento, en promedio. Sin embargo, los más castigados fueron comercios e industrias. Mientras el impacto promedio fue del 700 por ciento para el conjunto del país, en la Patagonia alcanzó al 1250 por ciento.

El informe del Centro de Estudios Patagonia da dimensión real al peso que tiene el consumo de gas en la región. Indica que si bien los usuarios del sur del país alcanzan apenas al 7,5 por ciento del total nacional, el consumo a lo largo del año es más del doble: el 15,3 por ciento.
Además destaca que el mayor uso del gas, lógicamente, va acompañado de las bajas temperaturas. Los usuarios residenciales, apenas el 7 por ciento de los nacionales, consumen el 23,5 del total distribuido del segmento.

Los usuarios comerciales, que incluyen hoteles y restaurantes, entre otros, suman el 17,3 por ciento de los usuarios nacionales, y el 25 por ciento del consumo distribuido del país en ese segmento.
El estudio destaca que los sectores residencial, comercial e industrial de la Patagonia suman el 12,2 por ciento del consumo y de la facturación nacional total, con lo cual ese debería ser un punto de peso por parte de las provincias patagónicas a la hora de negociar con Nación una vuelta atrás con los cambios tarifarios. Sobre todo si se tiene en cuenta que el grueso de la producción gasífera del país proviene de la región, de las cuencas Neuquina, del Golfo de San Jorge y Austral.

El informe menciona que si bien la política de tarifas bajas aplicada por el kirchnerismo sirvió para apalancar el consumo y la actividad industrial, no permitió mantener niveles adecuados de inversión en el segmento del upstream. Se perdió el autoabastecimiento energético y se incrementaron las importaciones de combustibles, lo cual demandó una gran cantidad de divisas, "con sus consecuentes presiones en el mercado cambiario y en la estabilidad macroeconómica".

El gas más caro

"Al momento de asunción del ministro Juan José Aranguren, por el gas viejo se pagaba una cifra de alrededor de 2 dólares el millón de BTU, cercana al valor internacional de referencia, el Henry Hub, mientras que para el gas nuevo, en el marco de los programas Plus para incentivar la inversión, se reconocía un valor en torno a los 7,5 dólares, totalmente compatible con los costos demandados por los recursos no convencionales de arenas y arcillas compactas", recuerda el documento. Aranguren elevó a 5,20 dólares el millón de BTU el precio del gas viejo, incremento que fue trasladado a los consumidores. Consultoras privadas calcularon inicialmente que como consecuencia de este aumento de precios en boca de pozo, las petroleras recibirán ingresos anuales adicionales por entre 3500 y 4000 millones de dólares, señala el estudio. En paralelo se estimó también que los ajustes tarifarios asociados agregarán un piso de entre 8 y 11 puntos porcentuales a la inflación anual, a la vez que su impacto fiscal será de sólo un punto del PIB. Todo ello, sin que el gobierno nacional negociara con las operadoras un compromiso de incrementar la producción y las inversiones.

"Los números muestran que lo que está en juego no es la reducción del déficit fiscal en el marco de un programa de estabilidad macroeconómica, sino la simple y pura rentabilidad empresaria. A no confundirse, no se trata de transferencias de los consumidores, particulares y empresas, al fisco, sino de los consumidores a las petroleras", destaca el CEP.

Además, recuerda que en el pasado se pagaron tarifas más altas en dólares que en los países más desarrollados y la consecuencia fue que hubo una alta rentabilidad para las empresas que no se tradujo en grandes inversiones. "La conducta de las petroleras fue aumentar la extracción de yacimientos que no habían desarrollado para reinvertir las ganancias en la expansión del negocio en otras regiones del planeta", señala el informe.

Y agrega que, aun dentro de la lógica oficial, no existía ninguna necesidad técnica de disparar el precio del gas viejo. El valor que se pagaba estaba en línea con el valor del Henry Hub y algo por debajo del precio de importación de Bolivia, que ronda los 3 dólares. El estudio concluye que "podría haberse utilizado el contexto de bajos precios de importación para financiar una transición tarifaria menos traumática para la macroeconomía y para los usuarios".

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