Genocidas violadores: hay más casos en La Escuelita

Por primera vez, fiscalía y querella piden imputar a represores por delitos sexuales. Se rompió el silencio con el caso Gabriel Carmona.

Pablo Montanaro
montanarop@lmneuquen.com.ar


Neuquén.- "La violación sexual se emplea como arma de destrucción del otro. Las violaciones y los abusos sexuales durante la dictadura no fueron actos aislados ni individuales", afirmó el abogado de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH), Juan Cruz Goñi, para argumentar que el abuso sexual sea reconocido como un delito de lesa humanidad en relación con el caso de Gabriel Augusto Carmona, quien en 1977 fuera secuestrado ilegalmente, torturado y abusado sexualmente mientras permaneció en el centro clandestino de detención La Escuelita, en el Batallón de Ingenieros de Construcciones 181 perteneciente al Ejército Argentino.

Durante una de las audiencias del cuarto juicio, en el que 22 imputados son juzgados por delitos de lesa humanidad contra 28 víctimas durante la última dictadura militar, el querellante de la APDH pidió que la violación que sufrió Carmona sea reconocida por su condición de práctica vejatoria autónoma y estratégica dentro del plan sistemático de ataque en contra de la población civil argentina.

Carmona era un militante de la Juventud Peronista y desde 1973 trabajaba en la Municipalidad de Cipolletti como inspector de tránsito. A partir del golpe militar comenzó a ser perseguido dentro de la comuna por su militancia y obligado a renunciar a comienzos de agosto de 1977 por el secretario de Gobierno de la comuna, Jorge Gorlero Pizarro, a punta de pistola. El 10 de agosto de ese año fue detenido en su casa por tres personas de civil delante de su esposa y sus dos hijos. Le taparon los ojos con un trapo, lo subieron a la parte trasera de un auto y se dirigieron hasta La Escuelita, donde fue golpeado, luego desnudado y violado por dos personas vestidas de civil. Permaneció allí cuatro días, luego fue introducido a un vehículo y trasladado a un camino de chacras pasando la ciudad de Cipolletti en dirección a General Roca, donde fue liberado.

Durante varios años, Carmona, quien falleció en 2014, no se presentó a declarar como víctima de la dictadura. Recién en junio de 2007 rompió el silencio, venciendo la humillación y vergüenz,a y se presentó en el Juzgado Federal de General Roca donde contó lo ocurrido.

Carmona confesó que "el denigrante proceder de estos degenerados me causó un tremendo trauma psicológico, difícil de sobrellevar, con un permanente temor a la sociedad uniformada y civil, por la tremenda ofensa que me infringieran estos criminales. Dejaron en mi persona profundas secuelas que aún hoy me cuesta superar".

"Por eso es necesario ahora romper con el silencio jurídico y social", subrayó Cruz Goñi sobre el planteo presentado. "La violencia sexual fue una más de las técnicas represivas del dispositivo aplicado por la dictadura. Fue ejecutada de manera masiva, generalizada, continua y sistemática con el fin de causar dolor, quebrar toda resistencia de las víctimas con brutalidad, clandestinidad e impunidad". Hasta la fecha, los abusos sexuales han sido, según Goñi "equívocamente", incluidos en el delito de tormentos psíquicos y físicos agravados por ser la víctima perseguido político.
"Subsumir los abusos sexuales sufridos por Carmona en el delito de tormentos no refleja todo el contenido de lo injusto de los abusos sexuales, los que se encuentran contemplados en el Código Penal. Además, constituyen en sí mismos crímenes contra la humanidad en tanto integran el ataque generalizado y sistemático llevado a cabo por las fuerzas represivas, cuyas filas integraron los imputados", dijo.

Carmona no pudo identificar a sus abusadores. El hecho fue cometido en la más absoluta clandestinidad. Por eso Goñi sostuvo que "ello no debe implicar la impunidad de los autores mediatos".

En ese sentido, el abogado de la APDH señaló que los represores Oscar Reinhold y Mario Alberto Gómez Arenas deben responder en carácter de autores por la totalidad del hecho, en tanto, Hilarión de la Pas Sosa, Enrique Olea, Jorge Molina Ezcurra, Sergio San Martín y Jorge Di Pascuale, como partícipes necesarios.

"Existe un silencio judicial respecto de la violencia sexual aplicada en la dictadura". "Entiendo que es una responsabilidad del Estado romper el silencio social y judicial, por ello se tiene que visibilizar y condenar la violencia sexual perpetrada por los genocidas". Juan Cruz Goñi. Abogado de la APDH Neuquén

El crudo testimonio de un abuso aberrante

"A la noche ingresaron en la habitación dos hombres vestidos de civil a quienes no había visto antes. Uno de ellos tenía rasgos mapuches, era moreno y corpulento, el otro era un hombre delgado a quien no pudo ver con claridad. El morocho de inmediato le propinó una trompada en el estómago y le ordenó que se sacara la ropa. Que el declarante pensó que volverían a aplicarle picana, pero no fue así. Que lo tiraron boca abajo, al suelo y el morocho lo violó mientras el otro le pisaba la cabeza para impedir que se moviera. Que luego el otro sujeto también lo violó mientras el morocho le sostenía la cabeza. Que le produjeron un desgarro anal. Que después de que lo violaron le introdujeron por el ano algún otro elemento, un palo o hierro. Como gritaba, los dos hombres se burlaban, se reían y le decían que estaba mejor que una mujer y otras barbaridades por el estilo. Al otro día escuchó voces y requirió a los gritos que le dieran agua y alguien le alcanzó un vaso".

(Fragmento del testimonio de Gabriel Carmona leído por el abogado querellante de la APDH, Juan Cruz Goñi).

El conmovedor caso de Dora Seguel

En mayo de 2012, durante el segundo juicio, la víctima y sobreviviente de la última dictadura militar, Dora Seguel, pidió al Tribunal Oral Federal de Neuquén que considere a la violación delito de lesa humanidad. Dora Seguel tenía 16 años cuando fue detenida por miembros del Ejército y de la policía provincial el 14 de junio de 1976 en el CPEM 6 de Cutral Co. En el mismo operativo también fue detenida su hermana de nombre Argentina y ocurrió lo mismo, dos días antes, con la mayor de todas: Arlene, quien permanece desaparecida.

Tanto ella como su hermana fueron violadas durante su detención clandestina. Dora aseguró que fue ultrajada por uno de los oficiales que estaba en la comisaría de Cutral Co durante los interrogatorios ilegales. "Estaba el comisario Héctor Mendoza, un militar y otra persona vestida de civil, quien me violó. Es terrible, no te lo podés sacar de la cabeza y no lograron lo que querían porque todo el tiempo me susurraban al oído que no iba a servir para nada, que no iba a poder mirar a nadie a la cara, que no iba a poder integrarme a la sociedad, que iba a ser una lacra", contó en aquella oportunidad.

Se lo contó a Weretilneck

En octubre de 2006, Gabriel Carmona le dirigió una nota al por entonces intendente de Cipolletti, Alberto Weretilneck, en la que solicitaba una reparación histórica por los crímenes sufridos durante la última dictadura militar.
En relación con los tormentos sufridos durante su cautiverio, Carmona expresó duros términos en esa misiva: "Recibí la gran paliza de mi vida y la peor humillación que se le hace al hombre: violentar su dignidad varonil".

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