El nuevo pronunciamiento está contenido en un comunicado que divulgó la agencia Anncol, que suele difundir textos de las FARC, y que se titula «Mantenemos la propuesta de intercambio humanitario», fechada en agosto y firmada por el secretariado del Estado Mayor Central de la organización, encabezado por Alfoso Cano.
La guerrilla exigió para la concreción del acuerdo humanitario «totales garantías» y «la participación y presencia de países y gobiernos que brinden total confianza».
Además, las FARC consideraron que la liberación el 2 de julio de 15 rehenes, entre ellos tres estadounidenses y la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, fue «un golpe de mano dirigido por los servicios de inteligencia de Israel y ejecutado a partir de la traición de dos mandos guerrilleros».
Para la organización, se trató de un «episodio nada excepcional en cualquier confrontación militar que no afecta la estrategia ni la concepción, ni mucho menos las causas del conflicto, como no han afectado la estrategia otros golpes de mano, y otras fugas realizados en el pasado en Colombia y en otras partes del mundo, por ejércitos oficiales y fuerzas insurgentes».
Respecto de la lista de rehenes, la organización reveló tener en su poder a 3 políticos y 26 policías e integrantes de las fuerzas de seguridad, aunque en esta nómina hay 4 agentes que el Ejecutivo colombiano suele no incluir en sus reclamos.
«Por estos cuatro, el Gobierno no ha informado a la opinión pública ni ha hecho ningún reclamo, ya que por ser humildes, poco les sirven para la propaganda», denunció el grupo en su comunicado, en el que los rehenes son considerados «prisioneros de guerra».
Las FARC ya expresaron varias veces su predisposición a un canje, aunque siempre reclamaron el despeje militar de los municipios de Florida y Pradera para llevar adelante allí las negociaciones. El Gobierno siempre rechazó ese pedido y propuso una «zona de encuentro».
Bogotá (Télam) > El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, declaró ayer ante la Comisión de Acusación del Congreso que no ofreció sobornos a la ex senadora Yidis Medina para aprobar la enmienda constitucional que permitió su reelección en 2006.
Uribe, acudió a la sede del Congreso acompañado por su abogado, Jaime Lombana, y aseguró que su Gobierno no ofreció dádivas para aprobar esa enmienda sino que habló con varios legisladores para «persuadirlos».
La denuncia contra el mandatario fue interpuesta luego de que Medina reconociera haber recibido un pago para votar la reforma a la Constitución.
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