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Los ediles que condenan

El poder político debe dejar la tarea de juzgar por delitos al poder que corresponde, este es el judicial.

Como si fueran pocas las tareas de los concejales de una localidad, también se encargan de impartir justicia y condenar a quienes están investigados de cometer un delito. Eso fue lo que pasó con los ediles de Las Lajas, quienes declararon persona no grata a una madre acusada de abusar de sus hijas y rechazaron una medida judicial.

La resolución fue plasmada en una declaración impulsada por el bloque emepenista del Concejo Deliberante, al ver “muy mal” al pueblo ante el inminente traslado de una mujer acusada de abuso, a quien la Justicia le dictó que cumpla detención domiciliaria en esa localidad. Es cierto que la comunidad se movilizó y organizó, colocó carteles alusivos al delito del que se acusa a la mujer, y también cerró el paso del puesto donde ella debería cumplir la medida judicial, en la casa de unos familiares.

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El problema radica en que el poder político no puede ir contra el poder judicial, el encargado de impartir justicia. El accionar de los ediles fue no solo contra una medida judicial, sino también contra los derechos humanos y las garantías constitucionales. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y para ello el Estado, del que el poder político es parte, debe garantizarle un juicio justo con una debida defensa.

El pueblo puede manifestarse, patalear y protestar. Los representantes elegidos por el pueblo tienen que dejar actuar al órgano correspondiente. ¿Pueden declararla persona no grata? Capaz. ¿Pueden impedir que se lleve adelante una medida judicial? No.

En el medio, no solo quedó la acusada, sino también las niñas víctimas de un delito, que por asociación al difundir el pueblo el nombre de la madre fueron revictimizadas.

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