El municipio pagó los salarios e intereses de un ex director de Residuos Sólidos Urbanos, exonerado en 2019. Se reabre la polémica por los fueros con ATE.
La Municipalidad de Villa La Angostura debió desembolsar exactamente $104.740.383,96 por orden judicial, tras el fallo que determinó la reincorporación del exdirector de Residuos Sólidos Urbanos, Gabriel Carvajal. El exfuncionario fue cesanteado en 2019 por sospechas de robo de combustible en una estación YPF.
El pago incluyó salarios no percibidos durante su separación del cargo e intereses acumulados por más de cinco años. La resolución judicial puso punto final a una causa que combinó acusaciones por corrupción, fueros gremiales y una interna con el gremio ATE que sigue generando ruido político.
De acuerdo a la información que consignó La Angostura Digital, el abogado del municipio, Edgar Mario Bertero, informó al juez que el pago fue realizado en dos conceptos: $29.882.420,07 de capital y $74.857.963,80 de intereses. Además, el municipio abonó la tasa de justicia y el bono de contribución por otros $1.045.884,70.
“Presto conformidad para el inmediato libramiento de fondos a favor del beneficiario”, indicó Bertero en la presentación judicial. Desde la Asesoría Legal municipal confirmaron que verificaron la cifra y dictaminaron que el pago “corresponde conforme a derecho”.
Sospechas de robo, escraches y un pago millonario
El juez civil Francisco Astoul Bonorino aprobó la liquidación y ordenó la liberación de fondos a favor del exfuncionario que fue echado durante la gestión del entonces Guillermo Caruso (MPN), Y ahora es el jefe comunal Javier Murer del Frente Neuquinizae quien tendrá que pagar los platos rotos judiciales.
El conflicto se originó en 2018, cuando el dueño de la estación YPF Norte denunció irregularidades en las cargas de combustible para maquinaria y vehículos municipales. Entre los involucrados figuraban empleados municipales -entre ellos Carvajal- y personal de la propia estación.
Tras una investigación interna, el entonces intendente Guillermo Caruso firmó el decreto de exoneración de Carvajal el 22 de febrero de 2019. La fiscalía local también intervino y el exfuncionario accedió a una suspensión de juicio a prueba para evitar el proceso penal.
Carvajal demandó luego al municipio alegando despido ilegal, con el argumento que tenía tutela sindical por ser miembro de la Comisión Revisora de Cuentas de ATE Neuquén Sur y delegado congresal.
En primera instancia, la Justicia rechazó su reclamo. Sin embargo, la Cámara Provincial de Apelaciones revocó el fallo y ordenó su reincorporación y el pago de los salarios caídos, con intereses calculados a doble tasa activa del Banco Provincia del Neuquén.
La gestión del intendente Javier Murer decidió no apelar. Según fuentes oficiales, el municipio optó por “un camino de no confrontación”, ante el riesgo de que una impugnación agrandara aún más la deuda.
El gremio ATE y la polémica por los fueros
El caso Carvajal no es el único en que la tutela sindical complica decisiones administrativas del municipio. En mayo pasado, el secretario general de ATE, Nicolás Vejar, anunció que el gremio llevaría a la Justicia el despido de una empleada de Turismo acusada de vender dólares en una oficina pública.
Vejar criticó duramente la política del intendente Murer de “exponer públicamente” los casos de despido a través de comunicados oficiales.
“Un gobierno serio da la discusión con el gremio, no se esconde detrás de una pantalla denostando a los trabajadores”, dijo a LMNeuquén.
El dirigente sindical advirtió que esas publicaciones “generan un daño personal y familiar” en una localidad chica como Villa La Angostura. “Si hay una falta, que se investigue, pero sin escraches”, reclamó.
Dos fallos opuestos
El propio Carvajal había intentado otra vía judicial, al pedir al Juzgado Contencioso Administrativo de Zapala que anule el procedimiento que derivó en su despido. Pero en ese entonces, quien estaba de juez, Matías Nicolini rechazó la demanda en 2022. El Tribunal Superior de Justicia ratificó ese fallo en octubre de 2024.
La Justicia Contenciosa validó su exoneración, y la Justicia Laboral lo protegió por sus fueros gremiales, algo que obligó al municipio a pagarle más de $104 millones y reinstalarlo.
Son dos fallos contrapuestos que deslizan un equilibrio entre la autonomía municipal y la protección sindical, con un conflicto en Villa La Angostura que parece haber generado un precedente.
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