La crisis desatada tras las denuncias por alimentos en malas condiciones que adquiría el Estado provincial dejó tras de sí frentes con interrogantes.
Uno de ellos tiene que ver con lo político. Con las pruebas irrefutables del Instituto Nacional de Alimentos y la orden de retirar de inmediato los alimentos de escuelas y comedores, no se hicieron esperar las reacciones. Desde la oposición y hasta desde la Defensoría del Pueblo, exigieron la renuncia de los ministros responsables de garantizar calidad: Alfredo Pega, de Familia, y Cristina Uría, de Salud.
Los rumores sobre esas decisiones corrieron desde entonces a lo largo de los días aunque en el gabinete nada cambió. En tanto, desde el seno del Ejecutivo se admitió la necesidad de cambios, pero en los tiempos de quien lleva adelante la gestión.
Ahora, quién y cómo
El otro frente abierto son las consecuencias directas de la baja de Flavors y compañía como proveedor del Estado. Quién y cómo asumirá ahora en forma responsable la tarea de llevar los alimentos a cada una de las escuelas, de los comedores, de las familias que los necesitan.
Las primeras miradas se enfocaron a las gestiones locales. “La idea es trabajar con todos los municipios desde el 2009” proyectaron desde Educación. Aunque admitieron “prudencia para definir todos los detalles antes de salir”. Se trata de “arrancar bien” confiaron.
Los municipios rionegrinos parecían cumplir las condiciones básicas para implementar el cambio con los fondos que transfiriera la provincia: personal propio para la racionalización y distribución de los alimentos; experiencia en la gestión de compras; estructura propia de pagos. Con algunos intendentes hubo acuerdo, pero no será fácil acordar con todos.
Desde el Ministerio parten del análisis de experiencias ya en marcha en el mantenimiento escolar. En cambio en varios de esos municipios hay disconformidad porque tras la suba generalizada de precios los presupuestos no se adecuaron y tuvieron que afrontar gastos con recursos propios o, sin ellos, pagar el costo político de su escasez.
Se está hablando de diferencias en los montos a administrar, no sólo para sostener el mantenimiento de los edificios escolares sino también, los comedores escolares y refrigerios.
“Pedimos un 40% más, cuando el aumento real es del 60% y nos ofrecieron el 20. Más que una propuesta es una burla”, aseguró quien lidera la liga de municipios de la oposición y que esperaba un fondo mayor para seguir afrontando los gastos.
Esta semana, también el gremio de los docentes aportó su experiencia en cuanto a las dificultades para llegar a todos los puntos de la provincia y entregar en tiempo y forma los alimentos.
Un frente complejo que requerirá una tarea consensuada.
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