Corrupción en Chubut: la insólita batalla entre jueces por los allanamientos a exfuncionarios imputados

Un tribunal penal revisor integrado por la jueza Raquel Tasello y el juez Miguel Caviglia declaró la nulidad de los allanamientos realizados a los estudios contables de Germán Issa Pfister e Israel Coen, dos ex funcionarios municipales de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, imputados en la causa conocida como “Emergencia Climática II”.

La causa que investiga a Issa Pfister, ex secretario de Economía del municipio, y Coen, ex secretario de Recaudación -además de otros exfuncionarios y empresarios locales- está relacionada con hechos de corrupción ocurridos después del histórico temporal que provocó graves destrozos en Comodoro Rivadavia en 2017, incluyendo desvío de fondos y falsificación de facturas durante las obras de reconstrucción.

Los allanamientos en cuestión fueron realizados en agosto pasado en el marco del proceso judicial conducido por el juez Jorge Odorisio.

Sin embargo, posteriormente, y a partir de una queja presentada por la defensa de Issa Pfister, un tribunal revisor integrado por la jueza Lilian Bórquez y el juez Alejandro Solís revocó la validez de los allanamientos y apartó del caso a Odorisio por considerar que había actuado “sin imparcialidad”.

Fallos contradictorios

A principios de octubre, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut dio marcha atrás con esa resolución, desautorizó a Bórquez y Solís, consideró válidas las pruebas obtenidas por el fiscal Cristian Olazábal en allanamientos a oficinas de Issa Pfister, y repuso al juez Odorisio.

Causa Emergencia Climática por el temporal de 2017 en Comodoro Rivadavia

La causa de corrupción que llegó al Superior Tribunal de Justicia de Chubut está vinculada con el temporal de 2017 que provocó destrozos durante más de 10 días en Comodoro Rivadavia.

Ahora, otro tribunal revisor -el integrado por Tasello y Caviglia, volvió a dictaminar la nulidad de los allanamientos, en un insólito “ping pong” judicial en el que dos veces se declararon válidas las actuaciones en las oficinas del funcionario sospechado y otras tantas fueron anuladas.

Tasello y Caviglia fallaron ante una nueva presentación del defensor público Gustavo Oyarzún, quien insistió en cuestionar la decisión de Odorisio.

La resolución del tribunal retoma argumentos que ya habían utilizado Bórquez y Solís, al señalar que los allanamientos y el modo en que fueron requeridos -ocho años después de los hechos investigados- vulneraron garantías constitucionales básicas: el debido proceso, el derecho de defensa y el principio del juez natural, al evidenciarse “manifiesta arbitrariedad evidente” y “avasallamiento de derechos constitucionales”.

La batalla judicial está lejos de darse por concluida, ya que la Fiscalía podría presentar un nuevo recurso ante el Superior Tribunal chubutense.

Un histórico caso de corrupción en Chubut

La investigación tiene su origen en el temporal que en 2017 afectó a Comodoro Rivadavia y generó un estado de emergencia que derivó en evacuaciones masivas y daños materiales por montos millonarios.

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, entre el 29 de marzo y el 9 de abril de ese año se produjo la precipitación de casi 400 mm de agua, lo que generó consecuencias nefastas en distintas zonas de la ciudad con el anegamiento de calles y viviendas.

En medio del fenómeno climático, el 5 de abril de 2017, el Concejo Deliberante local declaró la emergencia económica, social y administrativa y, con el fin de remover el lodo resultante de la tormenta, se contrataron desde el Municipio 197 empresas para realizar las tareas proporcionando personal y maquinarias.

A partir de eso comenzó la confección de partes diarios fraguados, en los que se registraban tareas supuestamente realizadas pero que no se llevaban a cabo.

Durante el juicio original surgieron nuevos elementos detectados por la Procuración General, que dieron origen a la causa Emergencia Climática II.