El abogado trucho neuquino que cometió estafas millonarias pasará 3 años tras las rejas

El hombre que se hizo pasar por abogado en varias oportunidades deberá cumplir una pena efectiva de 3 años de cárcel. Fue lo que resolvió un tribunal conformado por los jueces Carina Álvarez, Natalia Pelosso y Luis Giorgetti.

El castigo recayó en Martín Alexis Lino, declarado responsable por dos estafas cometidas en 2022 y 2024. Entre los hechos comprobados se encuentra que, en 2022, Lino cobró $292.000 a una persona imputada y a su pareja, desaconsejando su asistencia a una audiencia judicial, lo que derivó en la detención de la víctima. En 2024, repitió la maniobra con familiares de otros detenidos, obteniendo más de $16 millones mediante promesas falsas de liberación, incluso simulando un juicio por $88 millones y contando con la colaboración de un falso fiscal para inducir a las víctimas a endeudarse por supuestos gastos de liberación con tobillera electrónica.

Durante la audiencia de determinación de la pena, el fiscal jefe Mauricio Zabala había solicitado 4 años de prisión efectiva, considerando la reincidencia del imputado y la especial vulnerabilidad de las víctimas. La defensa no se opuso. El tribunal decidió, en cambio, fijar un año menos que lo solicitado.

Lino ya empezó a cumplir el castigo

Al comunicar el fallo, la jueza Pelosso explicó que, en el marco del control de legalidad que corresponde al tribunal, el límite superior es la pena solicitada por la fiscalía, pero “si los fundamentos son insuficientes, no existe obstáculo para imponer una pena inferior”.

Tras la resolución, el condenado comenzó a cumplir la pena de prisión, que en este caso es de cumplimiento efectivo, tal como había solicitado el fiscal jefe.

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Claudio Espinoza

De forma inicial, la fiscalía y la defensa presentaron un acuerdo. El representante del MPF le atribuyó a Lino haber cometido estafas entre junio y agosto de 2022 por un monto de $292.000 pesos, tras presentarse como abogado frente a las víctimas y cobrarles por sus servicios. De acuerdo con la investigación que presentó el fiscal jefe, una persona imputada por un hecho en el fuero penal y su pareja, tomaron contacto con Lino, quien les hizo creer que era abogado y que trabajaba con un reconocido letrado, por lo que contrataron sus servicios. Luego, Lino se reunió con ellos, les pidió dinero y le aconsejó a la persona imputada que no se presente a una audiencia de control de acusación. Tras no concurrir a esa audiencia, se decretó su rebeldía y esta persona fue detenida a los pocos días. Por este motivo, los familiares contactaron al otro letrado (con quien Lino supuestamente trabajaba) quien les dijo que Lino no era abogado, sino que era su cliente en una causa y quedó evidenciada la maniobra.

Una estafa que llegó a los 16 millones de pesos

La parte acusadora también le atribuyó a Lino haber cometido estafas entre junio y agosto de 2024, tras presentarse como abogado frente a las víctimas y cobrarles por sus servicios bajo la promesa de sacarlos de la cárcel. De acuerdo con esta investigación. una persona con motivo de tener detenidos a dos hermanos, tomó contacto y contrató los servicios del acusado, quién dijo ser abogado. Lino se reunió con las dos personas condenadas y atribuyéndose ser matriculado, simuló asumir la defensa prometiéndoles obtener su libertad, para lo cual les cobró $4 millones más los gastos de cada una de las presentaciones judiciales que debía realizar.

En principio les solicitó $1 millón para comenzar con los trámites, monto que la víctima y su hijo procedieron a abonarle en efectivo. Éste accionar derivó luego en sucesivos pedidos de dinero durante los meses de junio y julio hasta totalizar más de $16 millones. Para poder afrontar los pagos al supuesto abogado, los familiares de las personas que estaban detenidas incluso llegaron a endeudarse.

El último engaño, en agosto de 2024, consistió en asegurarles a las víctimas que había realizado, en su representación, una demanda contra los antiguos abogados de los detenidos y que en el corto plazo cobrarían un resarcimiento por $88 millones, lo que les permitiría afrontar las deudas contraídas. Mediante ese ardid, que incluyó un llamado telefónico de parte de un falso fiscal, los alentó a tomar nuevos préstamos para afrontar los supuestos gastos que requería la libertad “con tobillera electrónica” de los detenidos. Las estafas terminaron cuando una persona con la que las víctimas se habían endeudado, les advirtió que Lino no era abogado.