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La Mañana gasoducto

Rafecas archivó la causa del gasoducto por considerar falsa la denuncia

Dirigentes macristas llevaron a la Justicia dichos del ex ministro de Producción que eran falsos, según surge del cierre de la causa.

El juez federal Daniel Rafecas mandó a archivo la causa por las supuestas irregularidades en la licitación de la compra de caños para el gasoducto de Vaca Muerta. La investigación se inició tras una denuncia pública de Matías Kulfas en el marco de su salida del gabinete del presidente Alberto Fernández llevada por dirigentes macristas a tribunales.

Los denunciantes fueron el abogado Santiago Dupuy de Lome y los diputados de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña y Waldo Wolff. Rafecas consideró que las denuncias fueron "apresuradas" e "inconducentes".

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El magistrado consideró que el proceso de compra de los caños "se viene desarrollando conforme a las normas" después de escuchar a varios testigos entre los que se incluyeron expertos en la materia y el propio Kulfas, quien fue echado del Ministerio de Producción por su denuncia, que involucraba al kirchnerismo en corrupción. No obstante, ante el juez el ex ministro cambió la versión.

Para Rafecas, según fuente de Comodoro Py, la investigación perdió sentido cuando quedó comprobado que los dichos que la generaron "no son ciertos".

El juez Rafecas había archivado la causa en primera instancia.

Del archivo de la causa trascendió que el magistrado dejó expresado que “la Justicia Federal no está llamada a entorpecer o interferir en políticas estratégicas, a partir de denuncias apresuradas que, a poco de andar, se muestran inconducentes para sostener un caso penal”.

Se conoció que Rafecas también escribió que su tribunal actuó "con la máxima premura en pos de desentrañar los sucesos y arribar a una conclusión".

Agregó que "en esta causa, tuve plena conciencia, desde el primer momento, de la enorme trascendencia del asunto, de la importancia estratégica que este gasoducto tiene desde el punto de vista energético y para la economía nacional".

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Luego advirtió que "si hay algo que nunca debería hacer la Justicia es constituir un factor de distorsión, de entorpecimiento o de interferencia en políticas públicas, cuando sea llamada a intervenir a partir de la formulación de denuncias que, a poco de andar, se revelan como inconducentes para sostener un caso penal”.

El mismo día que Rafecas archivó la causa, la empresa Enarsa firmó la compra de los caños con la empresa SIAT, del grupo Techint, que encabeza Paolo Rocca.

Kulfas dijo antes y después de irse del gobierno que funcionarios afines a la vicepresidenta Cristina Fernández direccionaron la licitación a favor de la empresa de Rocca. Después se desdijo, pero para entonces desde el macrismo ya habían activado la intervención del Juzgado de Rafecas, con Carlos Stornelli como fiscal.

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