Pensaban que la habían asesinado durante la dictadura chilena y la encontraron viviendo en Argentina

Después de 50 años, una prueba de ADN confirmó que una mujer localizada en la Argentina es una chilena que había desaparecido durante de la dictadura de Augusto Pinochet, que se prolongó desde el año 1973 a 1990 en el país vecino.

La identificación alcanzó una probabilidad superior al 99,9999%. El resultado permitió despejar las dudas sobre la identidad de la mujer, que vive en los alrededores de Mar del Plata y durante años evitó brindar detalles públicos sobre su pasado.

Se trata de Bernarda Vera, una profesora chilena cuyo nombre permaneció durante más de cinco décadas en los registros de víctimas de desaparición forzada.

Vera figuraba como detenida y desaparecida desde octubre de 1973. Su familia creía que había sido asesinada junto con otras personas perseguidas por la dictadura de Pinochet. Y ahora la confirmación obliga a revisar la información oficial sobre su destino.

El ADN confirmó la identidad de Bernarda Vera

El ministro chileno para causas de Derechos Humanos del Poder Judicial de Chile, Álvaro Mesa Latorre, se reunió con los familiares de Vera para comunicarles el resultado de la pericia. El estudio fue realizado por el Servicio Médico Legal de Chile.

Los especialistas compararon el perfil de la mujer ubicada en Argentina con las muestras conservadas en el Banco Genético de Familiares de Detenidos y Ejecutados Políticos. El análisis estableció una coincidencia superior al 99,9999%.

Una prueba de ADN permitió revisar la historia oficial sobre una de las víctimas atribuidas a la dictadura chilena.

Bernarda Rosalba Vera Contardo tenía 27 años cuando su familia perdió contacto con ella. Era profesora primaria y trabajaba en la zona del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, en el sur de Chile.

También militaba en el MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y mantenía vínculos con el Movimiento Campesino Revolucionario. Luego del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, las fuerzas militares iniciaron una persecución contra dirigentes políticos, sindicales y sociales de la región.

La versión oficial sostenía que fue ejecutada

Durante décadas, los registros indicaron que Bernarda Vera fue detenida el 10 de octubre de 1973 en el sector de Trafún. Esa reconstrucción la ubicaba entre las personas capturadas durante la represión desplegada en los alrededores de Liquiñe.

El Informe Rettig, elaborado tras el retorno de la democracia en Chile, consideró que la docente fue ejecutada junto con otros prisioneros. La versión sostenía que los cuerpos fueron arrojados desde un puente sobre el río Toltén.

Sin embargo, distintos testimonios afirmaban que Vera logró escapar de la persecución militar. Algunas personas aseguraron que la vieron en Chile, Argentina y Suecia después de la fecha en la que supuestamente había sido asesinada.

La revisión comenzó dentro del Plan Nacional de Búsqueda, creado para reconstruir el destino de las personas desaparecidas durante el régimen militar. El trabajo detectó inconsistencias entre las declaraciones históricas y los movimientos atribuidos a una mujer con el mismo nombre.

Los nuevos antecedentes indicaron que Vera cruzó hacia la Argentina y más tarde llegó a Suecia, donde habría recibido refugio político en 1978. También existían registros sobre la obtención de la nacionalidad sueca y su posterior regreso a territorio argentino.

Cómo localizaron a la mujer en Mar del Plata

El caso tomó estado público en septiembre de 2025, cuando Chilevisión difundió una investigación sobre el posible paradero de Vera. El equipo periodístico encontró en Mar del Plata a una mujer chilena que utilizaba su nombre y cuyos datos coincidían con parte de los registros disponibles.

La aparición de esas imágenes impulsó nuevas diligencias. El gobierno chileno reconoció que existían incongruencias en los testimonios utilizados para reconstruir el destino de la docente. La Justicia inició entonces un expediente destinado a determinar si se trataba de la misma persona.

La prueba genética cerró la discusión sobre su identidad, pero no terminó con la investigación. El juez Álvaro Mesa dispuso que la causa continúe bajo estricto secreto y declaró reservado el contenido completo del informe de ADN.

La medida busca proteger los datos personales de Vera y de sus familiares. Solo podrá difundirse el resultado que confirma su identidad. El resto de la documentación permanecerá fuera del acceso público mientras avancen las actuaciones.

La Justicia de Chile deberá establecer ahora cómo se incorporó el nombre de Vera al listado oficial de detenidos desaparecidos. También intentará reconstruir su recorrido desde 1973, las circunstancias de su salida de Chile y los motivos por los cuales permaneció alejada de su familia.