Reanudan el juicio por la Escuelita IV

Será con los alegatos de la parte acusadora en las causas contra represores que actuaron en la región.

Pablo Montanaro

montanarop@lmneuquen.com.ar

Neuquén.- Tras la feria judicial, hoy se reanudará el tramo final del cuarto juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la región durante la última dictadura militar que se lleva a cabo en el Salón Verde de AMUC, en Avenida Argentina al 1500. A partir de las 9, con la exposición del fiscal Walter Romero se iniciarán los alegatos de la parte acusadora contra 22 imputados por los hechos cometidos en perjuicio de 28 víctimas, 14 de las cuales permanecen desaparecidas. Entre los imputados se encuentran efectivos del Ejército, Gendarmería, Policía Federal y policías provinciales de Río Negro y Neuquén.

Para Romero, “las hipótesis que se fueron construyendo durante las audiencias de debate permiten acreditar todos los cargos que se les imputan a los acusados de crímenes de lesa humanidad”. En ese sentido, se mostró optimista en relación con el resultado de la sentencia que dictará el Tribunal Oral Federal compuesto por Alejandro Silva, Guido Otranto y Marcos Aguerrido.

De acuerdo con lo manifestado por el representante del Ministerio Público Fiscal, los testimonios de las víctimas y de sus familiares durante el juicio “permiten arribar a una conclusión y solicitar la condena de todos los imputados”. “Las acusaciones son muy fuertes y contundentes”, agregó.

“Hemos logrado acreditar los casos por los cuales las personas imputadas fueron elevadas a juicio, se ha logrado comprobar los homicidios y cada una de las hipótesis que teníamos para pedir la elevación de la causa se ha cumplido acabadamente”, explicó a LM Neuquén.

El fiscal resaltó que será la primera oportunidad en que se juzgarán los homicidios de detenidos-desaparecidos, además de los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos.

Sobre la realización de este juicio, Romero consideró que “ha sido un paso importante en este proceso de memoria, verdad y justicia”.

28 son las víctimas, de las cuales 14 permanecen desaparecidas hasta hoy.

Imputados y condenados

Entre los imputados en este cuarto juicio que ya fueron juzgados y condenados en anteriores procesos judiciales, se encuentran los militares Néstor Castelli, Enrique Braulio Olea, Oscar Reinhold, Jorge Di Pasquale, Jorge Molina Ezcurra, Sergio San Martín, Osvaldo Laurella Crippa y Luis Alberto Farías Barrera.

También están acusados Raúl Guglielminetti, personal civil del Destacamento de Inteligencia 182 de Neuquén y del Batallón 601; los militares Hilarión de la Pas Soza, Gustavo Vitton y Enrique Sires; y los policías rionegrinos Alberto Camarelli, Enerio Huircain, Saturnino Martínez, Miguel Ángel Quiñones y Julio Héctor Villalobo.

Otros imputados son los policías federales Jorge Soza, Miguel Ángel Cancrini y Gustavo Sommer; el policía provincial Emilio Rozar y el gendarme Ramón Saboredo.

“La violación fue abuso de poder”

Durante el desarrollo de este juicio, el abogado Juan Cruz Goñi, de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH), solicitó al Tribunal Oral Federal el cambio de calificación en relación con el caso de Gabriel Carmona, quien fue secuestrado ilegalmente, torturado y abusado sexualmente cuando permaneció en el centro clandestino de detención La Escuelita. Para ello solicitó que ocho de los imputados sean juzgados además por el delito de violación y abuso sexual.

La petición del abogado de la APDH fue apoyada por el fiscal Romero ya que consideró que la violación en los centros clandestinos de detención “fue una de las formas más tremendas de abuso y ejercicio de poder durante la última dictadura militar, no sólo en mujeres sino también en hombres”.

Carmona fue detenido en 1976 cuando trabajaba como inspector de tránsito en la municipalidad de Cipolletti y era militante del Partido Justicialista. Fue perseguido en su trabajo, obligado a renunciar a punta de pistola y llevado a La Escuelita que funcionaba en los fondos del Batallón de Ingenieros 181, donde fue torturado y violado. La víctima realizó la denuncia recién en julio de 2008.

Romero sostuvo que “estos casos datan de cuarenta años atrás y hubo mucho silencio, mucho temor y vergüenza por parte de las víctimas de estas violaciones, y requiere de mucha reorganización de vida para exponerla en un juicio oral y público”.

Consideró que sería “un gran avance” el juzgamiento de este delito como de lesa humanidad.

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