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Acusarán a 35 policías por los certificados médicos truchos

Los persigue la fiscalía por una masiva defraudación a la administración pública. Cuatro podrían ir presos.

Por Guillermo Elia - policiales@lmneuquen.com.ar

El fiscal de delitos patrimoniales, Marcelo Jara, acusará a 35 efectivos de la Policía por una masiva defraudación a la administración pública, al emitir y utilizar certificados médicos truchos. La investigación continúa y se avanza con ramificaciones de la maniobra en el resto de la administración pública provincial y municipal.

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La decisión fiscal devendrá en un hecho histórico, al ser la primera vez que se acusa a tantos policías en el marco de una causa. El último antecedente es el de los 27 penitenciarios acusados de torturas tras un motín en abril de 2004 en la U11.

Pésimo

La primera de las premisas para ser policías es no infringir la ley, pero esto ya parece no importarles a las nuevas camadas.

La mayoría de los 35 policías involucrados no superan los cinco años dentro de la institución. “Si con tan poco camino recorrido ya se animan a esto, no sé qué se puede esperar a futuro”, confió un oficial superior, que ya ve venir el papelón nacional que va a representar la masiva acusación.

La maniobra se ejecutó con total liviandad a lo largo de tres años, hasta que un agente de la división de Carpetas Médicas que depende del departamento de Servicios Sociales de Personal de la Policía tuvo una epifanía frente a los certificados y advirtió que si bien los firmaban distintos médicos, estaban redactados con la misma letra.

Con buen criterio, la propia Policía ordenó dar parte a la fiscalía de Jara, que con la colaboración del departamento de Delitos Económicos realizó la investigación.

Todas las pesquisas se hicieron en medio de un clima interno tenso. Los investigadores que trabajaron con Jara tuvieron que revisar un sinfín de certificados que llegó a tener a 41 policías en la mira.

De cabecillas y flojos

Las pericias caligráficas fueron claves porque sirvieron para encontrar la punta del ovillo de este microemprendimiento delictivo (ver recuadro).

A la agente Mayra Natalia Cruz, que se desempeña en el Centro de Monitoreo Urbano, se le logró comprobar, con dicha pericia, que había redactado 88 certificados en los que fraguó la firma y matrícula de tres médicos. En tanto, al agente Claudio Gajardo Cid, integrante del Centro de Operaciones Policiales, se le atribuyen nueve certificados. Vale recordar que Gajardo ya no está en la fuerza y se encontraría en planta política en una repartición del gobierno provincial.

A ellos dos la fiscalía los va a acusar por defraudación especial agravada por ser en perjuicio de la administración pública, por ser funcionario público y en concurso ideal con falsificación de certificados médicos reiterados en 88 hechos para Cruz y nueve para Gajardo.

Respecto del resto de los policías, todos serán acusado por defraudación por ser funcionarios públicos por cada uno de los certificados presentados. En su mayoría son uno o dos partes médicos, pero en el grupo se destacan dos agentes que hicieron estragos. Uno es Norberto Isidro Maldonado, de la División Montada y Canes, que presentó 17 certificados. El otro es Amilcar Guillermo Meriño, del Centro de Monitoreo, que presentó 15 certificados. .

Se estima que estos cuatro agentes podrían recibir condenas efectivas, ya que el delito de defraudación a la administración pública prevé penas de dos a seis años prisión por cada certificado.

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Pagaban de $350 a $500, según los días

De acuerdo con la información que aportaron en fiscalía varios de los policías involucrados, había todo un negocio detrás de los certificados truchos.

Se pedían a un celular y se pasaban los datos particulares y la cantidad de días que requerían, por lo general para hacerse de fines de semana largos.

Con esos datos, se hacían los certificados y luego se retiraban en una vivienda, de la cual ya se tienen todos los datos, donde se abonaban entre 350 y 500 pesos dependiendo de la cantidad de días. De comprobarse esa línea de comercialización y la ramificación en los estatales, el escándalo sería mayúsculo.

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