Buscan que la especulación inmobiliaria vuelva a los vecinos
El Frente de Todos impulsa una ordenanza para que los grandes desarrolladores que reciben aportes del Estado destinen fondos para viviendas sociales.
Los concejales del Frente de Todos impulsan una ordenanza para que la especulación inmobiliaria vuelva a los vecinos. Quieren que los grandes desarrolladores que reciben beneficios del Estado destinen parte de lo que ganaron para regularizar las tomas y construir viviendas sociales.
El proyecto se presentó este martes, en una conferencia de prensa en las puertas del Concejo Deliberante. Es una iniciativa de Ana Servidio y Marcelo Zúñiga, integrantes del bloque del Frente de Todos.
Proponen que los dueños de terrenos que consigan incrementar el precio por metro cuadrado gracias a aportes del Estado devuelvan la mitad de ese beneficio. Se les cobrará un “derecho a la participación municipal en la valorización inmobiliaria” y con ese dinero se creará un fondo para llevar infraestructura a las tomas y construir planes habitacionales para las familias.
En el proyecto, se aclara que no incluirán la valorización del terreno que corresponde a la inversión privada, sino el beneficio que obtienen gracias a aportes del Municipio. Mencionan, como ejemplo, los casos en que el precio de la tierra se incrementa por la incorporación de nuevas parcelas al área urbana, la modificación del uso del suelo, los cambios normativos que permiten un aprovechamiento más rentable o las obras públicas que no se financian mediante la contribución por mejoras.
Servidio remarcó que, en Neuquén, “hace 30 años que los procesos de valorización se lo apropian unos pocos” y, en las condiciones actuales, “los desarrolladores compran la tierra a valor fiscal y después la venden a precio de mercado”, con la ayuda del Municipio a través de normas específicas o inversiones que contribuyen con la urbanización.
“Necesitamos de una redistribución y que lo percibido se vuelque en el desarrollo inclusivo y en mejor calidad de vida para los vecinos”, subrayó.
Zúñiga explicó que pretenden “establecer nuevas reglas de juego para que el Estado municipal deje de favorecer exclusivamente a los contratistas y desarrolladores y beneficie a todas las familias neuquinas”.
Añadió que, por eso, “proponemos que el municipio capture parte de la valorización inmobiliaria que produce con la obra pública e indicadores urbanísticos”.
El proyecto contempla que se calcule el valor del terreno antes del desarrollo inmobiliario y su precio al final. Sobre la diferencia en el monto, se restará el incremento que corresponde a la inversión privada y se estimará en qué medida contribuyó el Estado a que los dueños de ese lote ganen más dinero.
El 50 por ciento de ese beneficio que obtienen gracias al Estado es lo que pagarán como “derecho de participación municipal”. Lo podrán abonar en efectivo o con parte de la tierra de la que son propietarios o poseedores.
Todo lo que se recaude por el “derecho de participación municipal”, así sea en dinero o en terrenos, se volcará a inversiones en las tomas y al “banco de tierras” para la construcción de viviendas sociales.
Los concejales recordaron, entre los argumentos del proyecto, que la ciudad de Neuquén “hoy tiene 48 barrios formales y 49 asentamientos informales”, con cerca de 8 mil familias en condiciones de irregularidad habitacional.
Recalcaron también que, “en contraposición, en los últimos tres años, se edificaron más de 500 mil metros cuadrados de viviendas con capitales de origen privado", con valores de mercado inaccesibles para gran parte de los vecinos.
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