"La defensa alegará que las pruebas del gobierno son dudosas. Si hubo torturas, serán inadmisibles. ¿Cómo va a definir el juez qué es tortura y qué coerción?", se pregunta Geoffrey Corn, profesor de derecho y asesor jurídico de los abogados de la defensa.
Durante una audiencia a puertas cerradas en marzo de 2007, de la que el Pentágono publicó una transcripción parcial, Khaled Cheikh Mohammed denunció torturas, y reivindicó toda la responsabilidad del 11 de septiembre -cuando murieron 3.000 personas en Estados Unidos- y de otros treinta atentados o planes de atentados.
Ramzi ben al-Shaiba se negó a participar del procedimiento, Wallid ben Attash y Mustafá al-Hawsawi reconocieron lo esencial de las acusaciones, pero Ali Abd al-Aziz Ali negó cualquier vínculo con el terrorismo.
El número de lugares para el público es limitado, pero el Pentágono previó acoger a unos sesenta periodistas, así como a observadores de la sociedad civil. La audiencia será retransmitida por video a una sala vecina, y se levantó una especie de centro de tiendas militares para alojar a los visitantes.
Los cinco acusados tendrán una primera posibilidad de declararse culpables o no culpables. Es posible que algunos de ellos anuncien que no esperan participar en el proceso, un boicot al que hizo referencia estas últimas semanas la mitad de los otros doce detenidos inculpados en Guantánamo.
Los tribunales militares de excepción son particularmente cuestionados. Establecidos por el presidente George W. Bush a fines de 2001, invalidados por la Corte Suprema en 2006 y restablecidos por el Congreso, permiten el empleo de testimonios indirectos u obtenidos por la fuerza.
Fuente: AFP / NA


