Cooperativa Obrera: fuerte polémica porque los acusados no irían presos

Neuquén > Una fuerte polémica se abrió ayer en Neuquén a raíz de la inminente decisión de la fiscalía de bajar la acusación contra los responsables del derrumbe de la Cooperativa Obrera, que dejó un saldo de siete muertos y una veintena de heridos. También desnudó el fuerte distanciamiento que hay entre los grupos de familiares de las víctimas y el malestar que ello generó en la opinión pública.
Además, generó un desencuentro entre la fiscalía y la querella, que deben acordar una pena en común para elevarla al juicio.
A poco de celebrarse el juicio y conocida una pericia de la Universidad Nacional del Comahue que sostiene que los materiales utilizados para la construcción de los departamentos constituyeron una de las causas del derrumbe, es un hecho que la fiscalía cambie la carátula de “estrago doloso” por “estrago culposo”, lo que prevé penas mucho más leves y hasta excarcelables. Así lo reveló ayer este diario a través de la confirmación de fuentes allegadas a la causa.
 
Prejuzgamiento
Conocida la noticia a través de este diario, el Ministerio Público de la Defensa consideró que hubo “claramente” un “prejuzgamiento de los imputados para los cuales se pidió prisión preventiva, acusados por un delito que no se pudo probar”.
“Merece el mayor respeto el dolor de los familiares de las víctimas, y justamente de ese respeto debe nacer un análisis de la situación y de las posibles responsabilidades en el hecho”, señalaron desde el ministerio (ver aparte).
 
Críticas
En forma paralela, un grupo de familiares estalló en críticas ante la posibilidad de que el dueño de la obra, Néstor Guerrero, el arquitecto Alberto Diez y el capataz José Silva queden en libertad o reciban penas muy livianas.
En Facebook, a través del grupo “Tragedia de la Coope Neuquén Oficial”, Selma Quinteros, madre de Evan Aguilar (una de las víctimas), calificó la decisión judicial como “una vergüenza”. “Quisiera saber qué sienten los familiares que negociaron la vida de las víctimas”, dijo la mujer, en referencia a un eventual acuerdo extrajudicial para una indemnización económica al que llegaron otros perjudicados por el derrumbe.
“Guerrero y compañía les quitaron la vida y permitieron también que se les coloque precio”, escribió indignada la mujer. Y fue más allá: “Si la sociedad no reacciona, mañana te matan a un ser querido, después te pagan, y aquí no pasó nada”, aseguró.
“No irían presos los responsables de la Cooperativa Obrera”, posteó el título del diario La Mañana Juan Carlos Aguilar, también familiar de Evans.
Mariana Aguilar, otra allegada a una de las víctimas, aseguró que la “Justicia nos mintió” y la calificó como “viciada, corrupta e hidrocarburífera”.
 
Encuesta
En forma paralela, la página web de La Mañana de Neuquén realizó una encuesta on line para conocer la opinión de la gente.
Sobre casi 1.226 casos, el 91 por ciento de los consultados por este diario se mostró en contra de que se baje la calificación de los imputados del derrumbe con la posibilidad de que ninguno de los tres cumpla condena en la prisión. Sólo el 9 por ciento votó a favor de que se imponga la figura de “estrago culposo”.

La discusión por la nueva carátula

Neuquén > El abogado de un grupo de familias, Gustavo Lucero, reconoció ayer que recibió el llamado de algunos de sus clientes que le plantearon su preocupación por la inminente medida y la posibilidad de que tanto el dueño de la obra, Néstor Guerrero, el arquitecto Alberto Diez y el capataz José Silva queden en libertad o reciban penas muy livianas.
No obstante, el letrado anticipó que se reunirá con todas las familias que patrocina para escuchar las opiniones con respecto a esta novedad judicial.
“Si a mí me dicen que no quieren el cambio tendremos que insistir con que se mantenga la carátula de ‘estrago doloso’”, como figuraba inicialmente.
Los caminos a seguir ahora son complejos, ya que tanto la fiscalía como la querella deben lograr un acuerdo en la calificación final que tendrá la causa. Deben hacerlo –de acuerdo al nuevo Código Procesal– durante una audiencia de “Control de Acusación”, paso previo al juicio.
Ayer hubo una primera reunión entre la fiscalía (Pablo Vignaroli y Marcelo Jara) y la querella (Alejandro Marco, Gustavo Lucero y Héctor Stagnaro) para avanzar en la acusación, pero no se llegó a un acuerdo.
Los fiscales sostienen que el dolo se cae con las últimas pericias que realizó la UNCo. Una parte de la querella sostiene lo contrario. La otra duda.
Será la primera de una serie de reuniones que se llevarán a cabo durante los próximos días antes del encuentro final en el que se decidirá la carátula.
El problema se suscita porque si la querella y la fiscalía no acuerdan una acusación común deberá ser un juez el que decida qué calificación tendrá el caso. Es obvio que una de las dos partes perderá con el fallo del magistrado.
En el caso de que prosperara la imputación más leve (estrago culposo) se podría llegar a un juicio abreviado si las partes aceptan esta imputación, por lo que el debate oral y público, tal como se lo conoce, no tendría razón de ser.
Ahora, si la calificación final fuera la del “estrago doloso”, que prevé penas muy duras, la decisión final sobre culpabilidad e inocencia la podría tomar un “juicio por jurados”, la nueva institución en la que participan ciudadanos comunes de Neuquén.
El problema es que en caso de que la acusación fuera “estrago doloso” y el jurado no considerara que sea la figura adecuada, absolvería a los imputados sin posibilidad de que se celebre un nuevo juicio.
Es por este motivo que los fiscales buscan una calificación más leve para “ir por una condena menos importante, pero segura”.

Para el Ministerio Público de la Defensa, "se prejuzgó a los imputados"

Neuquén > Tras la nota publicada hoy por La Mañana de Neuquén en la que se plantea un cambio de tipificación en la investigación por el derrumbe del edificio de la Cooperativa Obrera, el Ministerio Público de la Defensa consideró que hubo “claramente” un “prejuzgamiento de los imputados para los cuales se pidió prisión preventiva, acusados por un delito que no se pudo probar”.
“Merece el mayor respeto el dolor de los familiares de las víctimas, y justamente de ese respeto debe nacer un análisis de la situación y de las posibles responsabilidades en el hecho (dolosas o culposas). De lo contrario, estaríamos generando una expectativa de condena (a las familias y a la sociedad) que no se condice con las posibilidades probatorias efectivas”, se agregó a través de un comunicado.
“Pero ahora, visto desde la parte acusada, y más allá de la condena social, hubo también una condena del Estado, en tanto se los privó de la libertad por un delito que, ahora se demuestra, no cometieron. Sí se discutirá en la audiencia de juicio si cometieron otro delito de tipo culposo (estrago), que contempla penas de ejecución condicional, para los cuales el CPP prohíbe la prisión preventiva”, se indicó.
En tanto, desde el Ministerio Público de la Defensa también se refirieron a la situación de la “prisión preventiva y el prejuzgamiento”.  “A partir del debate público instalado sobre la figura penal de la prisión preventiva y los proyectos presentados en la Legislatura Provincial, a través de los cuales se pretende dotar de “mayores herramientas” a los magistrados para dictar esta medida de coerción contra las personas imputadas de delitos, es necesario destacar, una vez más, la plena vigencia del principio de inocencia que opera en nuestro acervo constitucional y en los tratados internacionales a los que este suscribe”, se indicó.