Despidieron al empleado municipal que era parte de una red de venta clandestina de alcohol

El empleado municipal contratado que daba aviso de allanamientos a locales de venta de alcohol fue despedido y sometido a una requisa tras lo cual se lo dejó libre porque n ocorrespondía la prisión preventiva.

Gustavo Orlando, titular de Fiscalización del Municipio, indicó que se le dio de baja su contrato: "La Justicia ha sido firme y el municipio hará lo mismo. Era una locura que una persona con estos antecedentes estuviera en un juzgado de faltas".

"A nosotros nos han amenazado y este señor que vendía alcohol debe tener en su haber mas de 6 o siete allanamientos y mas de 50 o 60 infracciones por la venta ilegal. Era muy dificil de notificar porque atendía a través de una ventana y siempre cambiaban de estrategia para vender", indicó el funcionario en diálogo con LU5.

"Por suerte nos encontramos con un fiscal que nos quiso escuchar. El trabajo no se hizo al cohete, nos encontramos con una gran policía y los resultados están a la vista", cerró el funcionario.

La red

Así funcionaba esta pequeña red de corrupción. Cuando se comenzaba a gestionar la orden de allanamiento, un municipal de 43 años –contratado– que trabaja en el Tribunal de Falta 1 se comunicaba con el comerciante y lo ponía al tanto de lo que sucedía con lujo de detalles.

Esto le permitía al almacenero mover las bebidas por una parte interna del predio hacia otra vivienda lindante que hacía las veces de depósito. Es por eso que no le encontraban el alcohol.

Pero la ayuda no era sólo de parte del municipal. Cuando los inspectores municipales se dirigían orden en mano a solicitar apoyo a la Comisaría Tercera, un cabo se comunicaba por celular con el almacenero para alertarlo del procedimiento y le daba tiempo para hacer la maniobra, demorando lo que más podía la salida al local. Todo esto quedó registrado en las escuchas.

Pero por más extravagante que suene, hay más. Ni bien arrancaba el allanamiento, el comerciante se comunicaba con un familiar, que es empleado del Poder judicial, quien de inmediato se dirigía hasta el negocio para asesorarlo y bloquear el procedimiento o al menos entorpecer el trabajo de los inspectores.