Escuelita II: condenan a dos represores por las torturas

Habían sido absueltos en 2012. También dictan nuevas penas a otros acusados.

Pablo Montanaro
montanarop@lmneuquen.com.ar

Neuquén.- Pasado el mediodía del jueves, el Tribunal Oral Federal de Neuquén informó la sentencia de fijación de penas a represores en la causa conocida como Escuelita II, que en su mayoría habían sido absueltos y condenados en 2012. En la causa estaban imputados ex jefes militares, agentes de inteligencia, policía de Río Negro y un jefe de Gendarmería.

La sentencia, el último día del año, sorprendió a las querellas que no fueron notificadas por el tribunal. Incluso, el lunes pasado se realizó la última audiencia para conocer la situación de cada uno de los acusados y se había fijado enero como el mes para el dictado de la sentencia.

Esta nueva sentencia surge a partir de la resolución dictada en marzo por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, que revocó parcialmente las absoluciones y penas que había formulado el tribunal neuquino presidido por Orlando Coscia. En noviembre de 2012, el tribunal condenó a trece represores con penas de entre 6 y 23 años y absolvió a ocho imputados.

El jueves el tribunal resolvió condenar a Jorge Gaetani (subteniente de la Compañía de Combate del Batallón de Ingenieros de Montaña 181 de Neuquén) a tres años de prisión por la detención de Virginia Recchia, y a Emilio Sachitella (segundo comandante del regimiento de Gendarmería de Junín de los Andes), a cinco años de prisión por la detención y torturas sufridas por Ernesto Joubert en mayo de 1976. Tanto Gaetani como Sachitella habían sido absueltos en 2012.

Nuevas penas

En tanto, los jueces dictaron nuevas penas para Alberto Camarelli (jefe de la Comisaría 24 de Cipolletti), a 14 años de prisión; Enrique Charles Casagrande (suboficial del Destacamento de Inteligencia del Ejército 182 de Neuquén), a 10 años; Raúl Antonio Guglielminetti (personal civil de Inteligencia), a 15 años; Máximo Ubaldo Maldonado (suboficial mayor del Ejército, sargento del Destacamento de Inteligencia 182), a 8 años y 9 meses; Eduardo Molina Ezcurra (oficial del destacamento de Inteligencia 182), a 21 años y 6 meses; Enrique Braulio Olea (jefe del Batallón de Ingenieros 181), a 21 años; Francisco Julio Oviedo (suboficial del Destacamento de Inteligencia Militar 182), a 5 años y 2 meses; Miguel Ángel Quiñones (oficial de Inteligencia de la Policía de Río Negro), a 9 años y 3 meses, Oscar Lorenzo Reinhold (jefe de Inteligencia del Comando de la VI Brigada), a 24 años; Sergio Adolfo San Martín (oficial del Destacamento de Inteligencia 182), a 21 años; y Gustavo Vitón (teniente primero en el Batallón de Ingenieros de Montaña 181 e interventor militar en la comisaría de Cipolletti), a 11 años y 2 meses de prisión.

Delitos contra 33 personas

En 2012 se realizó en Neuquén el segundo juicio a represores de la dictadura acusados de cometer delitos de lesa humanidad. Se lo denominó "Escuelita II" por ser el segundo que comprendió delitos cometidos en el centro clandestino de detención La Escuelita, que funcionaba en el Batallón Militar de esta ciudad. Durante el proceso oral y público fueron juzgados 24 acusados por delitos cometidos en perjuicio de 33 personas.

Las órdenes de revocación

Luego de las apelaciones presentadas por la fiscalía y las querellas de la APDH y del Ceprodh, en marzo de 2015, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó al Tribunal Oral de Neuquén revocar las absoluciones del gendarme Emilio Sacchitella, por el secuestro y tortura de Ernesto Joubert, y la del militar Jorge Gaetani, por el secuestro de Virginia Rita Recchia.

También consideró probadas las torturas en la comisaría de Cipolletti que fueron infligidas a Raúl Sotto, Ricardo Novero y Oscar Contreras, y ordenó revocar las absoluciones dictadas en 2012 a Oscar Reinhold, José Luera, Enrique Olea, Jorge Molina Ezcurra, Sergio San Martín, Antonio Camarelli, Gustavo Vitón y Miguel Quiñones por los tormentos contra estas tres víctimas.

Y, por último, la Cámara ordenó el incremento de penas contra algunos imputados, planteándole al tribunal neuquino fijar nueva pena (y sumar años a la condena) de Raúl Guglielminetti, Antonio Camarelli, Enrique Casagrande, Máximo Maldonado, Francisco Oviedo, Miguel Quiñones y Gustavo Vitón.


"Tuvieron que hacer lo que no quisieron en 2012"

La abogada querellante del Ceprodh, Natalia Hormazabal, consideró que "las penas fueron aumentadas muy poco en cada caso, lejos de la solicitud en los alegatos de todas las acusaciones, del dictado de las penas máximas". Sin embargo, afirmó que se logró que el tribunal "tuviera que hacer lo que no quiso en 2012: aumentar las penas anteriores y condenar a quienes había absuelto por los casos de Virginia Recchia y Ernesto Joubert; pero, también, revocar todas las absoluciones por los casos de Sotto, Novero y Contreras".

Destacó que esta nueva sentencia "es un logro muy importante en la pelea contra la impunidad, porque reconoce que el circuito represivo en la región incluyó a la Gendarmería Nacional, y también que en la comisaría de Cipolletti existió un verdadero centro clandestino de detención y tortura".
Por su parte, Juan Cruz Goñi, querellante de la APDH, apuntó al tribunal que "horas antes de terminar el año, con notificación previa de treinta minutos con el fin de evitar toda forma de resistencia colectiva, dictó la sentencia que debía revertir las penas del juicio del 2012". "Es evidente que los jueces no pudieron leer públicamente que un genocida como Gaetani debía ser condenado a tres años de prisión y que un represor como Sachitella, que secuestró y torturó de propia mano a Joubert, merecía cinco años. Tampoco se animó a exponer públicamente que las torturas aplicadas a Soto, Novero y Contreras no tuvieron ningún peso en las penas aplicadas a sus verdugos", agregó Goñi.


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