La Mañana San Luis 31 de mayo 2020 - 19:58

La acusaron de encubrir un aborto que no existió, estuvo 8 años presa y no tiene dónde vivir

Laura Godoy debió soportar torturas que le provocaron una enfermedad terminal y no la indemnizaron tras todo su suplicio.

Tras haber estado presa durante ocho años, en un suceso que terminó comprobándose que no existió, conocido como el “Caso Madaff”, una mujer reclama al Estado una vivienda. Había sido acusada de encubrir un aborto clandestino seguido de muerte, pero años después encontraron a la supuesta víctima con sus hijos viviendo en San Juan.

Laura Godoy aseguró, entre lágrimas, en una entrevista con la agencia de noticias Télam, que fue “torturada para asumir el supuesto asesinato”, y ahora reclama una vivienda social para soportar una “enfermedad terminal” que sufrió luego de ser víctima de “violencia institucional de la Policía de San Luis”.

La mujer había sido inculpada por Nelson Madaff, su cuñado, quien luego de soportar innumerables torturas por parte de los oficiales de Policía debió dar el falso testimonio. Ambos fueron liberados en 1998, cuando se encontró a Claudia Díaz, la supuesta muerta, en San Juan. Laura había sido compañera de Claudia en la escuela nocturna.

Claudia Díaz fue encontrada por su propia madre, Nelly Fernández, en Caucete, San Juan, adonde se había ido por su propia voluntad a causa de los castigos que recibía de su padre. Estaba casada y tenía cinco hijos.

Con indignación al recordar la situación, Laura narró al medio el infierno que tuvo que vivir a raíz de la injusta acusación: “Me acostaban sobre barras de hielo, desnuda, me sumergían en el Río V a cualquier hora de la noche y me exigían que dijera que había visto cómo mi madre, que era enfermera, le había practicado un aborto clandestino a Claudia”. Su madre permaneció 10 años presa por el inexistente asesinato.

Por su parte, Nélson Madaff, quien contrajo VIH a raíz de las torturas en la cárcel, fue indemnizado en 2011 por el estado provincial con alrededor de $ 300.000. Dicha suma sólo consideró dos años de lucro cesante de un trabajador de la construcción y no tuvo en cuenta las secuelas físicas, psicológicas, sociales ni emocionales de Madaff.

A su vez, Laura lo renombró, intentando instituirlo como el “Caso Godoy”, porque aún le retumban en los oídos los gritos sociales que la estigmatizaron como la “asesina” y “abortera” de la que fuera su compañera y amiga.

La mujer, que había sido detenida cuando tenía 17 años, recuerda hoy, con 49, la violencia que le dejó una marca de por vida, no sólo en el recuerdo. Tiene lupus, una enfermedad crónica y autoinmune que puede dañar cualquier parte del cuerpo y no tiene cura.

Con la posibilidad de forjar un futuro digno para ella y sus familiares arrebatada por la injusta detención, vive en una habitación con otras 10 personas. “Salí de la cárcel y me tuve que enfrentar sola a la vida, me aferré a mi hijo recién recuperado y estuve obligada a comer de la basura”, relató.

Hoy en día solo posee una pensión nacional de 11.000 pesos, y aunque eso no alcanza para nada, aseguró que “no quiere plata”, solo una “vivienda social de las tantas construidas y abandonadas en San Luís”.

El “Caso Madaff” es una pata incómoda, de las tantas, en la Justicia Argentina. Claro, lo injusto del caso es que no haya presos por tanta tortura, ni tampoco haya indemnizaciones a quienes las sufrieron. Es que además del peso de los errores de la ley, debieron soportar la discriminación por ser de una clase social baja.

Inexplicable, pero cierto, los casos de tortura se mantienen impunes y quienes se encargaron de quemarlos con cigarrillos, enterrarlos hasta el cuello y sacarlos tirándoles del pelo, arrancar dientes con vidrios de botella, arrojarlos al río con peso en los pies atados, entre otras cosas, se encuentran en sus casas, comiendo con sus familias, como si nunca hubieran hecho nada.