La amenaza en la estafa con planes sociales en Neuquén: "Si hablan, se quedan sin trabajo"

Luego de la detención de Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales de la Provincia de Neuquén, este jueves por la mañana el fiscal del caso Juan Narváez y el fiscal jefe Pablo Vignaroli anunciaron en conferencia de prensa que pedirán la prisión preventiva por el riesgo de entorpecimiento de la investigación debido a la desaparición de dispositivos electrónicos y "aprietes" a personas que tienen información del caso.

En ese marco, Vignaroli se refirió a la estructura montada para concretar las estafas y señaló que al menos unas cuatro personas que participaban en la misma lo hacían bajo la amenaza de perder su puesto de trabajo.

"La Dirección tenía una característica: las personas que trabajaban allí no eran de planta permanente, sino que eran contratadas, por lo cual existió siempre una manipulación relacionada con que si hablaban, si contaban se quedaban sin trabajo", sostuvo el fiscal jefe.

"Tampoco tenemos que perder de vista que estas eran personas que nunca habían tenido un trabajo registrado. Eran personas que nunca habían estado en el mercado laboral formal, con lo cual ellos veían en esta situación una posibilidad de tener un ingreso regular, mensual. Entraron en un círculo vicioso en el que se veían obligados a hacer determinadas cosas porque que si no, la amenaza era clara: 'si no lo hacen, se quedan sin trabajo'", advirtió. "Por el momento estamos hablando de cuatro personas", dijo.

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"Estas prácticas se venían haciendo desde hacía muchos años. Habían montado en esa Dirección un sistema clientelar. Dentro de ese sistema clientelar el dinero llegaba a aquel que lo necesitaba, mientras una porción de ese dinero lo utilizaba esta asociación (ilícita) conformada dentro de la Dirección para negocios propios en principio, pero también para algunas actividades políticas", señaló.

Ante la consulta sobre si existe la posibilidad de que se abra una segunda causa enfocada en este tipo de maniobras, Vignaroli expresó: "Esto en realidad no es una maniobra extorsiva. Si vamos al Código Penal sería una coacción: obligar a alguien a hacer algo en contra de su voluntad".

"Por el momento a nosotros nos interesa esta información para pedir las medidas de prisión preventiva. Después, si avanzamos más y vemos que hay un delito autónomo que hay que investigar, lo haremos", añadió.

Durante la conferencia de prensa, los representantes del Ministerio Público Fiscal señalaron que el pedido de prisión preventiva se realizará también para Néstor Pablo Sanz, el exdirector de fiscalización, y Marcos Osuna, quien estaba a cargo del departamento de gestión de programas sociales. Al igual que Soiza, ambos están imputados, pero se encuentran prófugos.

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Claudio Espinoza

Al precisar la responsabilidad que se le atribuye a cada uno de los imputados, Vignaroli manifestó: "Nosotros cuando formulamos cargos hablamos de una asociación ilícita que tenía distintos niveles, con un grupo de organizadores que eran Soiza, Sanz y Osuna. Eran quienes estaban en condiciones de disfrazar administrativamente el modo en que ellos se hacían del dinero".

"Después había otro grupo de personas, a quienes nosotros llamábamos los reclutadores. Se encargaban de encontrar gente a cuyo favor daban de alta un plan, con cuentas del cuales sacaban dinero mal habido", agregó.

"Después había un tercer grupo, los extractores, que estaban encargados de las tarjetas de débito de los titulares de las cuentas para ir a los cajeros automáticos para sacar el dinero", explicó.

"Los planes se liquidaban mes a mes con un Excel enviado a la administración. En el expediente había una solapa que decía 'extensión Rivadavia' donde estaban todas las personas de cuyas cuentas se sacaba el dinero mal habido. Mes a mes esto se hacía con casi 200 personas", detalló.

"Desde el punto de vista de los pasos administrativos, si uno miraba el expediente, estaba todo bien. Pero esa lista no se incorporaba cuando se liquidaban los planes, sino que se hacía mucho después", acotó.

Ante la pregunta sobre si tienen asidero las denuncias que apuntan a que Soiza continúa teniendo manejo de planes sociales, Vignaroli indicó: "Esa información nosotros la recibimos, la tratamos de corroborar. No pasó a más que menciones. Sin perjuicios de ello, nosotros tuvimos información de que él haría ese tipo de manejo desde el local comercial de su propiedad, por eso se allanó".

Allanamiento Estafas Planes Sociales 31-08-2022

Sebastian Fariña Petersen

"De las entrevistas que tuvimos estos días surgió la información de que tenían un registro paralelo - una especie de contabilidad paralela- que normalmente se hacía en dispositivos personales y no en los equipos del organismo. Por eso, el motivo del allanamiento era poder encontrar esos dispositivos", dijo e otro tramo de la nota haciendo referencia a los operativos que se llevaron a cabo a primera hora de la mañana en los domicilios de los imputados y en la chacra y un restaurante Faraón, propiedad de Soiza.