Argentina terminó ayer una semana difícil en su escenario financiero, con el riesgo país otra vez en un ascenso desbocado y superando los 1600 puntos.
Si con 900 puntos básicos nadie se atrevía a prestar un solo dólar al país, con ese indicador cercano al doble sería una utopía pensar que la inversión extranjera tenga opciones realistas de confiar sus divisas aquí.
En este marco, el Gobierno y el FMI probablemente no lleguen a un acuerdo por la deuda antes de las elecciones.
Podría interpretarse que la Casa Rosada desnuda su impotencia negociadora ante el organismo. Pero también podría observarse el asunto como una oportunidad de llevar al terreno de la campaña los pormenores y las devastadoras consecuencias del acuerdo con el Fondo y que tuvo al ex presidente Mauricio Macri como su principal artífice.
Coincidentemente, estos días, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU puso a las calificadoras de riesgo en la mira y advirtió que escenarios de catástrofe como el argentino no hubiesen sido posibles sin la participación de estas consultoras. Puntualmente, apuntó a tres que son bien conocidas en el país: Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch Ratings, por alentar directa o indirectamente la crisis actual.
La ONU advirtió que estas calificadoras no actuaron con transparencia en la elaboración de sus informes, tomaron partido en los conflictos de intereses y no rinden cuentas a nadie por su actuación. Y más aún, en su trabajo excluyen la perspectiva de los derechos humanos de los países en problemas y reducen el espacio a inversiones en salud y vacunas para la pandemia por considerarlo un excesivo gasto público.


