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La Justicia ya imputó a 15 dirigentes de ATE

Uno es Marillán. Es por los cortes y hechos violentos.

El conflicto con el gremio ATE, que este año derivó en cortes de calles y rutas, toma de edificios públicos y otros hechos de protesta vinculados al reclamo del sector Salud, originó la intervención de la Justicia neuquina, que ya imputó a 15 sindicalistas, entre ellos Jorge Marillán (secretario adjunto de ATE) y su hermana Fabiana (secretaria gremial).

Los cargos que pesan sobre ambos son “entorpecimiento de circulación de medios de transporte o servicios públicos y coacciones”.

La causa está a cargo de la fiscal Claudia Valeria Panozzo, que imputó también a otras trece personas: Mario Álvarez, Norberto Ibáñez, Pablo Parodi, Mauro Olivera, Sebastián Zúñiga, Adrián Mauro, Antonio Guiñazú, Hermelindo Ferreira, Gabriela Villalba, Paola Pagliaro, Patricia Manríquez, Liliana Álvarez y Leticia Guayasamín.

El fiscal jefe, Pablo Vignaroli, explicó a este diario que los hechos que se investigan están vinculados, fundamentalmente, con los cortes en la vía pública, la irrupción de un grupo de afiliados al sindicato en la sede del Jucaid y la toma de la lavandería del hospital Castro Rendón. A esto se agregarán los graves episodios de violencia que se produjeron ayer y el miércoles (ver aparte).

Vignaroli precisó que se está trabajando con material fotográfico y de video, difundidos por los medios de comunicación, para determinar el rol de Jorge Marillán y también el de Carlos Quintriqueo (secretario general de ATE) con el objetivo de establecer si corresponde que puedan ser imputados por la instigación a cometer delitos.

En caso de prosperar esto último y ser declarados culpables, la pena que les puede corresponder va de los dos a los seis años de prisión. Pero sólo si supera los tres años y las dos instancias de apelación para quedar firme (el Tribunal de Impugnación y el Tribunal Superior de Justicia) la condena puede ser de cumplimiento efectivo.

Hechos

Fueron varios los hechos que este año derivaron en episodios violentos que terminaron con la imputación de algunos dirigentes gremiales.

Uno de ellos se vivió el 29 de noviembre dentro de la sede del Jucaid, donde su titular, Noemí Navarrete, y el ministro de Salud, Ricardo Corradi Diez, denunciaron que fueron tomados de rehenes por más de dos horas por un grupo de militantes de ATE, algo que Quintriqueo negó, al aducir que se trató sólo de un reclamo hacia Corradi Diez para que se cumpla con la discusión del convenio colectivo de salud.

Pero el episodio más grave se dio un día después. La Policía provincial desalojó esa tarde a los trabajadores tercerizados del hospital Castro Rendón que realizaban una protesta en la lavandería. Producto de ese accionar, se registraron cinco heridos por balas de goma, como consecuencia de disparos a corta distancia. Una represión que fue respondida por los militantes de ATE con piedras, lo que generó un caos en toda la zona cercana al hospital.

Sobre este episodio, la fiscalía neuquina analiza imputar a los afiliados a ATE con la figura de “delitos contra la salud pública”, que está presente en el capítulo cuarto del Código Penal. La razón es que la Justicia entiende que en este caso se puso en riesgo a los pacientes internados en el Castro Rendón.

Más causas

Investigan ataque a la gobernación

Los graves incidentes que protagonizó un grupo de ATE ayer y el miércoles por la tarde, cuando se atacó el edificio de Casa de Gobierno, serán también materia de investigación por parte de la Justicia neuquina, lo que podrá dar como resultado más imputados o la suma de cargos a los que ya lo están.

“El Gobierno nos aportó filmaciones y conformamos un equipo para sistematizar la información. Todo esto se va a analizar para determinar las responsabilidades de lo sucedido, incluso si hubo algún exceso policial”, señaló ayer el fiscal jefe, Pablo Vignaroli.

Se buscará esclarecer quiénes participaron, por ejemplo, del ingreso a la gobernación por la entrada del Auditorio sobre calle Roca, donde se rompió una reja y se arrojaron objetos contundentes. También serán materia de análisis los destrozos en la vía pública, que incluyeron la rotura de vehículos y daños a las viviendas aledañas a Casa de Gobierno.

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