La necesidad de realizar una auditoría

Por Juan José Dutto (*)

Nos encontramos frente a la inminente culminación del contrato de concesión del Corredor 29- Sistema Vial Interurbano Cipolletti-Neuquén, el cual finaliza el 30 de abril del corriente año.
Los puentes carreteros que unen las ciudades de Neuquén y Cipolletti son un símbolo de la integración regional desde el punto de vista histórico, cultural y económico. Es la vía insoslayable para el intercambio entre las localidades de Río Negro y Neuquén y toda la región del Alto Valle, donde residen más de 700.000 habitantes, la mayor concentración poblacional de la Patagonia.
Desde antes de que se impusiera el peaje, la población regional se manifestó contraria a esta opción. La falta de una vía alternativa, el costo para transitar un tramo de apenas 400 metros y la tarifa, que se manifestaba claramente ilegal, abusiva, inapropiada y carente de todo fundamento técnico-económico,  fueron el eje de las protestas impulsadas fundamentalmente por los vecinos que deben atravesarlo cotidianamente.
Con el transcurso del tiempo, a los argumentos ya mencionados se sumó el notorio incumplimiento por parte de la concesionaria a muchas de las obras a las que estaba obligada en virtud del contrato de concesión.
 
Incumplimientos
Durante el procedimiento realizado para analizar la continuidad de la concesión con las empresa Caminos del Valle S.A. (año 2005-2006), diversas organizaciones de la sociedad civil, legisladores nacionales y provinciales, concejales de la ciudad de Neuquén y las defensorías del Pueblo de la ciudad de Neuquén, de la provincia de Río Negro, la del Vecino de Centenario y la Defensoría del Pueblo de la Nación desplegaron sólidos argumentos económicos, políticos y sociales contra la continuidad del peaje, solicitando la extinción del contrato de concesión por graves incumplimientos contractuales de la empresa y alegando que la tasa interna de retorno prevista para todo el período de concesión (que concluiría en el 2013) ya había sido superada desde 2005.
Desoyendo dichas argumentaciones, a comienzos del año 2006, la Comisión Bicameral del Congreso de la Nación y luego el Congreso de la Nación aprobaron la renegociación entre la Uniren y Caminos del Valle S.A., perdonando incumplimientos y sanciones a la empresa, disminuyendo sus obligaciones contractuales e indexando las tarifas del peaje.
Con posterioridad, el Ejecutivo nacional firmó el Decreto 1.301, avalando la absurda renegociación efectuada.
Ante la inminente culminación del contrato de concesión, los organismos de contralor nacionales deberían realizar una auditoría para constatar los incumplimientos de los términos del contrato por parte de la empresa, exigir su cumplimiento y evitar posibles e infundados reclamos económicos por parte de la misma al Estado.
Las experiencias locales negativas, de más de una década, en materia de concesiones viales, en donde el Estado fue incapaz de controlar y exigir a los concesionarios el cumplimiento de los términos contractuales, evidenció que no debió delegar este tipo de responsabilidades.
Por lo tanto, no cabe duda alguna de que debe eliminarse el peaje, siendo el Estado el encargado de mantener dicha red vial.
 
(*) Concejal CC-ARI. Ex defensor del Pueblo.