La violencia no se negocia

El defensor oficial Pablo Méndez concurrió el 5 de marzo de 2021 a trabajar como lo hacía todos los días, incluidos los cuidados propios de la pandemia. Pero ese día, un condenado por abuso sexual, al que él había asistido, le pidió hablar y ya dentro de la oficina lo tomó de rehén y, con unas cuerdas que llevaba en la mochila, lo ató y comenzó a esgrimir una serie de reclamos como pericias nuevas y hasta una cámara Gesell para la menor víctima del hecho.

Armado con un machete, el hombre le pedía al defensor que no hiciera nada raro porque no lo quería herir. Esto ocurrió en el corazón de la ciudad judicial zapalina, que fue rodeada por la Policía y el GEOP, y hasta viajó desde Neuquén una comisión de funcionarios judiciales de distintas áreas del Poder Judicial para hacer lo imposible para que Méndez abandonara su despacho con vida.

Diez horas después, y tras firmar un acta imposible de cumplir por parte de la Justicia, se entregó el hombre con su hermana, que le prestaba apoyo. El acta, una mera excusa para sacar con vida al defensor, fue destruida.

Obviamente que los secuestradores fueron acusados, llevados a juicio, condenados y ahora les dieron seis años de prisión.

El problema en ese entonces fue que si la Justicia no marcaba con claridad la cancha, la cosa iba a terminar mal en algún momento, porque no fue el único hecho alarmante por el que han pasado los funcionarios judiciales. Escraches en sus viviendas, peleas con cinto y cuchillo en mano en medio de una audiencia. Sin contar el tiroteo en Cutral Co donde una fiscal zafó de casualidad. Con esta condena, queda claro que los caminos para reclamar no incluyen la violencia, y eso no se negocia.